La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) para recurrir la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha resuelto declarar "nula y sin efecto" la resolución de la Dirección General de Transportes, del 24 de mayo de 2007, por la que se aprobó el proyecto constructivo del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz, correspondiente al tramo Caño Zurraque-San Fernando, y relativo a la variante en vía única por la Calle Real.

Según ha explicado la Junta en un comunicado, esta decisión judicial se enmarca en una denuncia de particulares por el proceso de expropiaciones desarrollado en la zona de Los Montañeses-Venta Vargas, incluida en el trazado.

El delegado provincial de Obras Públicas y Vivienda de la Junta en Cádiz, Pablo Lorenzo, ha afirmado que "la Junta acatará la sentencia, si bien nuestro servicios jurídicos ya están trabajando en la formulación del recurso de casación, pues consideramos que el fallo judicial no entra tanto en el fondo como en las formas".

La Junta ha recordado que la Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda aprobó el proyecto constructivo del tramo Caño Zurraque-San Fernando, que es el que discurre por el municipio isleño, "tras someter al trámite preceptivo y vinculante de información pública y ambiental el estudio informativo de dicho tramo".

Según ha avanzado, el recurso de casación de Obras Públicas planteará la "imposibilidad física de la ejecución material de la sentencia, opción contemplada en el propio fallo judicial del TSJA, dado que las obras en el eje peatonal de la Calle Real ya se han llevado a cabo, con una sustancial modificación del viario, que ha sido objeto de peatonalización y reurbanización de fachada a fachada, al margen de la implantación de la plataforma tranviaria".

Por otra parte, enfatiza que la sentencia "no establece medidas cautelares para la paralización de los trabajos", por lo que Pablo Lorenzo considera "que habrá que buscar una solución en términos de indemnización o compensación".