La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado este jueves que la Junta de Andalucía mantendrá las indemnizaciones por vivienda para aquellos altos cargos que no residen en el lugar donde han sido destinados.

En respuesta a una pregunta oral formulada en el Pleno del Parlamento por el PP-A, la consejera del ramo ha explicado que dichas indemnizaciones se otorgan para "resarcir" a aquellos cargos que son nombrados por decreto y que tienen su residencia en otro lugar distinto a donde desempeñarán las funciones otorgadas.

Por su parte, la diputada del PP-A Patricia del Pozo, que ha preguntado a la consejera si su departamento tiene previsto disminuir estas indemnizaciones en tiempos de crisis, ha considerado "abusiva" esta medida y ha indicado que hay altos cargos que son de la provincia y que se les paga esta ayuda.

"No creo que sea normal", ha señalado Del Pozo, quien ha asegurado que se tendría que haber empezado por reducir o eliminar estas ayudas, antes de haber reducido las ayudas para vivienda de protección oficial (VPO). "Parece que son estos altos cargos los únicos que han tenido derecho a las viviendas de las que hablaba el señor Chaves", ha añadido.

Asimismo, la diputada 'popular' ha subrayado que su formación no habría realizado esta pregunta ni criticado esta cuestión si las indemnizaciones fueran únicamente para los titulares de las consejerías. No obstante, ha apuntado que hasta abril había 53 altos cargos que disfrutaban de estas ayudas, "absolutamente inoportunas en tiempos de crisis".

En su turno de réplica, Martínez Aguayo ha afirmado que el planteamiento que realiza el PP-A forma parte de una "política de propaganda" que sólo intenta "denigrar" al Gobierno andaluz. Así, ha acusado al PP-A de tener una "doble vara de medir", argumentado que en las comunidades autónomas donde gobiernan los 'populares' también se aplica esta medida.

En esta línea, ha lamentado que el PP-A obvie que durante la situación de crisis económica el Gobierno andaluz ha puesto en marcha planes de ahorro y austeridad por un valor superior a los 400 millones de euros.