Una mujer pide una indemnización de 180.000 euros después de que hace un año cayera en un pozo de aguas fecales en la zona del Bulevar, en Jaén, y cuya arqueta carecía de tapa. La caída le produjo graves lesiones por las que le ha sido reconocida la incapacidad permanente.

En declaraciones a Europa Press, el abogado de la mujer informa de que ha presentado este miércoles dos expedientes de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de la capital y contra la Junta de Andalucía. La razón, según ha explicado, es que no está claro a cuál de las administraciones corresponde hacerse cargo de la reclamación.

En este sentido, ha añadido que es de titularidad municipal pero en el momento del suceso, el 12 de noviembre del año pasado, Obras Públicas realizaba tareas en la zona para construir un distribuidor, tal y como adelanta Diario Jaén. "Si sólo hubiera reclamado ante una y en el proceso se hubiera demostrado que no tiene responsabilidad mi cliente quedaría se vería abocada a quedar sin indemnización. Por eso, ante la duda, hemos presentado el expediente ante las dos administraciones", ha señalado.

El letrado ha recordado que la mujer cayó en el pozo cuando cubría el trayecto a pie desde su lugar de trabajo como cocinera en un bar del Polígono de Los Olivares hasta un supermercado cercano. La arqueta se encontraba tapada por escombros y no tenía tapa, por lo que cayó desde una altura de unos 14 metros. Los Bomberos la sacaron después del aviso de unos niños que pasaron por la zona y escucharan sus gritos.

Como consecuencia, sufrió importantes lesiones que, de hecho, han originado el reconocimiento de incapacidad total y permanente por parte de la Seguridad Social. Por su parte, un perito contratado por el abogado ha elaborado un informe en el que recoge las secuelas que padece, en base al cual se solicita una indemnización de 180.000 euros.

Tanto el Ayuntamiento de Jaén como la Junta de Andalucía tienen a partir de ahora un plazo de seis meses para responder a la reclamación patrimonial. Si no lo hacen, se considerará desestimada por silencio administrativo, con lo que se abrirá otro periodo de dos meses para llevar el caso ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.