El sindicato CGT ha rechazado completamente el decreto ley de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía y ha recordado que "sin empleados públicos no hay servicios públicos".

En una nota, las federaciones de empleados públicos de CGT en Andalucía (enseñanza, sanidad y administración) y el propio Comité Confederal Andaluz de la organización manifiestan su "rechazo total" al decreto ley y su exigencia de "retirada inmediata e incondicional" de dicho texto.

Asimismo, la central sindical ha convocado a todos sus afiliados y a todos los trabajadores a la manifestación por la retirada del plan de la Junta que se celebrará este sábado en Sevilla, en concreto desde la Alameda de Hércules al Parlamento de Andalucía.

CGT considera el decreto ley "un paso más en la dinámica de privatización y gerencialización que la Junta lleva años implantando y que ha dado lugar a la precarización del empleo público, al uso de la administración y los servicios públicos como plataforma de lucha política y de financiación y afianzamiento del poder de los partidos y a la creación de una administración duplicada y paralela en la que no rigen los criterios básicos del empleo público, ni respecto a su acceso ni en cuanto a sus derechos".

A su juicio, "la agencialización total de la Administración que implica este decreto implanta la productividad capitalista como criterio de gestión en todos los sentidos, con el consiguiente deterioro de las condiciones de trabajo y por tanto de los servicios públicos prestados a los ciudadanos".

Asimismo, para CGT el decreto ley "da carta de naturaleza a la administración paralela, a sus trabajadores mileuristas sobreexplotados, contratados por currículum y fácilmente despedibles, a sus retribuciones basadas en conceptos no salariales productivistas no consolidables".

Este sindicato considera que el decreto ley "significa también la eliminación paulatina, tratando de no hacer demasiado ruido, de centenares de puestos de trabajo ocupados por personal precario, temporales, eventuales, intermitentes, interinos, que están siendo despedidos ya para dejar su hueco en las ya existentes empresas públicas a los funcionarios y laborales agencializados que antes o después terminarán heredando sus precarias condiciones laborales".

A su juicio, "la agencialización lleva al terreno de una negociación colectiva fragmentada las condiciones particulares de cada trabajador, gestionadas generalmente por CCOO y UGT que, con la firma del acuerdo de aplicación, ya han dejado clara su postura y su estrategia para el futuro, que es la de vender a los trabajadores a cambio de puestos en los consejos de administración de las futuras agencias, de subvenciones para formación y enormes bolsas de horas de dedicación sindical".

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