La Audiencia Provincial de Albacete ha cursado una orden para el ingreso en prisión de Pedro Antonio Seco Martínez, que fue condenado a 90 años de prisión por tres asesinatos cometidos en la localidad albaceteña de Villarrobledo, tras estimar el recurso de súplica presentado por el abogado de la familia de una de las víctimas, y que supone la revocación del licenciamiento definitivo de Pedro Antonio Seco Martínez.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), que ha detallado que la orden ya ha sido cumplida por la Guardia Civil, la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Albacete ha resuelto este miércoles aceptar el recurso de súplica presentado por el abogado de la familia del taxista asesinado en 1993.

En el recurso, que ha sido estimado, se solicitaba la revocación del licenciamiento definitivo de Seco Martínez, que fue condenado a 90 años de prisión por los tres asesinatos. Teniendo en cuenta el momento en el que ocurrieron los hechos, entre los años 1991 y 1993, el caso se juzgó en su día bajo el Código Penal de 1973, que recogía la redención de penas en base a beneficios penitenciarios.

Bajo esta premisa legal y siguiendo el desarrollo procedimental contemplado en la ley, la Audiencia Provincial de Albacete resolvió en un primer momento aprobar el licenciamiento definitivo.

Según las mismas fuentes, ha sido ésta la primera vez que las partes personadas en el procedimiento han solicitado al Tribunal provincial que se aplique la llamada Doctrina Parot.

Así, en vista de las alegaciones presentadas, la Audiencia Provincial de Albacete ha estimado que es posible aplicar en el caso de Pedro Antonio Seco Martínez la jurisprudencia del Tribunal Supremo recogida en la Sentencia 197/2006 de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, más conocida como Doctrina Parot, y en la que se contemplaba para Henri Parot Navarro el cómputo de los beneficios penitenciarios de forma individual sobre cada una de las penas a las que fue condenado, y no de forma global como recogía el Código Penal de 1973, con una limitación máxima de treinta años de prisión.

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