El titular del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Catany, interrogará este jueves a uno de los responsables comerciales de la empresa Iturri, Eduardo Díez, quien está citado en calidad de imputado en el marco del caso Bomsai en relación al presunto pago de 140.000 euros en facturas falsas desde este sociedad, proveedora del Govern en la pasada legislatura, al ex director general de Emergencias, Joan Pol, también encausado en este procedimiento.

En concreto, la comparecencia de Díez, defendido por el letrado José María Rebollo, está prevista a partir de las 10.30 horas y posteriormente está fijada la del coordinador de Iturri para Canarias, Valencia y Cataluña, Amadeo Douton, aunque en su caso como testigo, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. Díez, director comercial de Iturri en la unidad de negocio de emergencia de la zona norte de España, ya fue interrogado por el magistrado el pasado mes de mayo y en su deposición negó que la cantidad abonada fuese una comisión.

En concreto, la Fiscalía sostiene que los 140.000 euros (120.000 más IVA) corresponderían al cobro de un soborno, al postular que Iturri tuvo una participación notable en la dotación técnica del nuevo parque de bomberos de Palma en el pasado mandato, por la que percibió unos ocho millones de euros. Una infraestructura que se encuentra bajo investigación dentro de esta causa por un presunto desvío de fondos públicos producido durante su adjudicación y construcción. La acusación pública mantiene así que el ingreso fue canalizado mediante facturas cuyos conceptos son "evidentemente falsos".

Sin embargo, Pol, asistido por el letrado Gaspar Oliver, justificó el pasado mes de agosto ante el magistrado que entre 2004 y 2007 llevó a cabo un servicio de asesoramiento a la empresa Iturri, por el que pactó el cobro de 120.000 euros a través de la sociedad Masal Urbis -en la que participaba-, cantidad de la que no vio "ningún euro" pese a que dedicó a este servicio "muchas horas" de trabajo. El también ex consejero de la empresa pública CAIB Patrimoni, en libertad bajo fianza de 30.000 euros, se enfrenta por estos hechos a un presunto delito de cohecho y a otro de prevaricación.

El encausado negó de este modo las acusaciones vertidas contra él por la Fiscalía Anticorrupción, pese a que su declaración contrasta con la que efectuó su socio en Masal Urbis, Joan Mas, quien aseguró -tanto en sede policial como judicial- que Pol le ordenó en 2007 emitir tres facturas por un total de 140.000 euros a Iturri, pese a no constarle que la empresa participada por ambos realizase algún servicio que justificase el cobro. Es más, recalcó que todas las facturas las confeccionó el mismo día, si bien poniéndoles fechas diferentes.

El ex director general durante la etapa del PP detalló que asesoró a Iturri para dos proyectos, y que decidió acordar el cobro a través de Masal Urbis para no declararlo a Hacienda "de golpe". Sin embargo, recordó que Juan Mas le dijo que no se había llegado a un acuerdo para ello con Iturri. "Ignoraba que se había facturado y cobrado", llegó a aseverar Pol, quien aseguró que fue durante su detención, a mediados de abril, cuando supo que Iturri "había pagado", por lo que se sintió "desconcertado y engañado".

En concreto, en el marco de este procedimiento se indaga si se cometieron los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otras posibles infracciones penales, en el marco de la adjudicación y construcción del parque de bomberos y de la nueva sede de la Conselleria de Salud.