El Congreso ha aprobado este miércoles tramitar la reforma de la Ley Electoral para evitar que la izquierda abertzale se presente a las elecciones de 2012 bajo siglas de partidos legales. La proposición de ley, acordada por PSOE y PP en subcomisión parlamentaria, ha sido apoyada por CC, UPyD y UPN, mientras que CiU se ha abstenido.

Con la reforma se podrán anular listas que cobijen a candidatos de la izquierda abertzale radical, o se aplicará la figura de "incompatibilidad sobrevenida" a los cargos electos de una formación que se ilegalice si, en un plazo de quince días, no presentan una declaración voluntaria e indubitada de rechazo a la causa por la que fue ilegalizado su partido.

De aprobarse, además, se ampliará el plazo que tienen la Abogacía y el Ministerio Fiscal para declarar ilegal una formación política, lo que permitirá anularlas hasta una semana antes de las elecciones.

Taponar "vías ambiguas"


José Antonio Bermúdez de Castro, en nombre del PP, y Txiki Benegas, del PSOE, han defendido la propuesta alegando que ETA y Batasuna han intentado "burlar la ley" sistemáticamente en cada proceso electoral, y con esta reforma se "taponarán" esas "vías ambiguas" a las que ha recurrido hasta ahora.

El socialista ha señalado que la reforma no pretende perseguir proyectos políticos, sino garantizar que los métodos para defender dichos proyectos sean democráticos. Bermúdez de Castro, por su parte, ha dicho que el PP estará "vigilante" para que el Gobierno no acepte los "señuelos" que tienden los violentos "cada vez que se acercan unas elecciones".

CiU ha sido el único grupo que se ha abstenido, al entender que en la reforma hay cuestiones "razonables", como poder anular listas si en plena campaña sus candidatos se "quitan la careta", pero también que hay aspectos "alejados de cualquier lógica constitucional", como la figura de "incompatibilidad sobrevenida".

Dudas "más que razonables"


En contra se ha mostrado el PNV, cuyo diputado Aitor Esteban ha tachado esta reforma de "atajo" que "defrauda las garantías del Derecho", además de advertir de que la "incompatibilidad sobrevenida" inspira, como mínimo, "más que razonables dudas".

Desde ERC, Joan Ridao ha señalado que la propuesta "va en contra del signo de los nuevos tiempos";  Gaspar Llamazares (IU-ICV) ha considerado necesario que el mundo abertzale se desmarque de la actividad violenta, pero ha opinado que sí existe un espacio político para esa corriente. Por su parte, Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, se mostró contraria a la reforma al entender que se trata de un "atajo" en la lucha contra ETA.

De la misma manera, Francisco Jorquera, del BNG, dijo que "ya existen instrumentos suficientes para perseguir a las fuerzas políticas que amparan el terrorismo". En cambio, han estado a favor Rosa Díez, de UPyD, para quien la Ley de Partidos ha sido "fundamental" para frenar a ETA y Batasuna, y Carlos Salvador, de UPN, quien ha subrayado que hay pruebas de que la izquierda abertzale volverá a intentar "engañar al Estado".