Las Cortes de Castilla y León "contraatacarán" a las compañías eléctricas por su ofensiva hacia el sector del carbón con la presentación de una proposición no de ley (PNL), consensuada por los tres grupos—PP, PSOE y Mixto— en la próxima sesión plenaria para instaurar un canon hidroeléctrico en la Comunidad por la explotación de los embalses.

Según explicó el portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, el texto se consensua para ser presentado y aprobado en el próximo pleno de las Cortes por los tres grupos parlamentarios mientras que los portavoces de PP, Carlos Fernández Carriedo, y del PSOE, Ana Redondo,

han coincidido en que es la mejor solución ya que la otra posibilidad, incluir la nueva ley a través de la Ley de Medidas de Acompañamiento, dilataría el asunto en el tiempo.

Al respecto, Otero señaló que se estudia la posibilidad de que el impuesto no sólo afecte a la hidroelectricidad, sino a la producción total de energía en Castilla y León.

Mediante la iniciativa, se instará a la Junta a que antes del próximo día 31 de diciembre remita a las Cortes el proyecto de ley para la creación de dicho impuesto, que será un "contraataque" a las eléctricas por su postura hacia el sector minero, tras presentar un recurso al decreto del carbón que ha supuesto su paralización.

En este contexto, recordó que el sector del carbón da empleo a 14.000 familias y destacó que la creación de este canon supondrá una recaudación de entre 50 y 100 millones de euros que podrán ser revertidos en la reestructuración de las cuencas.

Otero explicó que dicha reclamación fue planteada ayer por el Grupo Mixto durante el debate de la enmienda a la totalidad del Presupuesto General de la Comunidad (PGC) para 2011 mediante la presentación de una enmienda a la Ley de Acompañamiento, cuyo plazo concluye hoy, por lo que, tras mantener conversaciones con el resto de grupos parlamentarios, se acordó presentar esta iniciativa mediante una proposición no de ley.

En vigor esta legislatura

Al mismo tiempo, manifestó que la PNL contará con el apoyo unánime de los grupos parlamentarios, de manera que se podrá remitir a las Cortes el proyecto de ley para la creación de dicho impuesto antes del día 31 de diciembre y en febrero o marzo de 2011 aprobar la normativa con el fin de que entre en vigor antes de que concluya la presente legislatura.

La importancia de la propuesta reside, a su juicio, en que se forjará como una posición unánime de la Comunidad frente al "ataque" de las eléctricas al sector minero y reiteró que la recaudación del impuesto podrá ser destinado a la reestructuración de las cuencas. "Es un antes y un después; un paso muy importante en un momento muy oportuno", subrayó.

No obstante, aseguró que, además de esta medida, hay otras oportunidades para hacer frente a la ofensiva de las compañías eléctricas, a quienes, aseguró, "solo les importa el dinero".

Posibilidad de acuerdo

Al ser preguntado por la posibilidad de que dichas compañías den marcha atrás en el recurso que ha supuesto la paralización del decreto del carbón, señaló que es posible alcanzar un acuerdo, aunque defendió la imposición de dicho canon al margen de la postura de las eléctricas.

En este contexto, argumentó que, dada la coyuntura actual, entendería e incluso aceptaría que se diera marcha atrás en la creación del impuesto por la explotación hidroeléctrica si las eléctricas retiran el recurso judicial.

Por este motivo, alabó la respuesta del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, así como de los consejeros de Hacienda y Economía y Empleo, Tomás Villanueva y Pilar del Olmo respectivamente, por haberse puesto a trabajar en la iniciativa de manera inmediata. Además, tuvo palabras de agradecimiento para los grupos parlamentarios popular y socialista por el apoyo a la propuesta.

Por su parte, Ana Redondo ha garantizado que el PSOE está "absolutamente a favor" de llevar este asunto a la práctica cuanto antes y se ha mostrado convencida de que con voluntad política se podría aprobar la nueva norma en este periodo de sesiones, "incluso antes de diciembre", o "al menos en esta legislatura".

Al respecto, Carlos Fernández Carriedo se ha mostrado "consciente" además de que la nueva norma va a ser "mirada con mucha atención" por las empresas eléctricas para presentar cualquier recurso contra ella por lo que ha abogado por "estudiar al detalle" en estos días cualquier dificultad en torno al nuevo canon.

Según ha aclarado, el objetivo del nuevo tributo es que recaiga sobre las empresas eléctricas y garantizar que no vaya a haber un perjuicio hacia los ciudadanos o las empresas por una precipitación, como ha ocurrido, a su juicio, con el IVA que las eléctricas han repercutido en los consumidores finales.

"que se comprometan con castilla y león"

Preguntado si es un castigo a las eléctricas, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha explicado que se trata de un mecanismo para que estas empresas se comprometan con Castilla y León.

"Las eléctricas tienen que tener un compromiso con esta Comunidad" ha aseverado Carrido, quien ha precisado que "un elemento que resulta hostil hacia Castilla y León" es el recurso presentado por las eléctricas contras las ayudas al carbón y "de las que se iba a beneficiar un sector estratégico" de la Región "como es el sector del carbón".

No obstante, el portavoz del PP aseveró que es necesario "mantener ese compromiso de las empresas eléctricas y si no es voluntario tiene que canalizarse a través de otro mecanismo" como podría ser la nueva tasa o canon, y aunque Fernández Carriedo ha reconocido que es preferible ir "por la vía de la voluntariedad" cuando esa voluntariedad "es limitada o insuficiente hay que buscar otros mecanismos que nos autoriza la ley. Para eso somos el Legislativo para legislar".

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