La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía había realizado hasta 2009 un total de 31 impugnaciones por la vía contencioso-administrativa de licencias concedidas por el Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga), según consta en un informe remitido por la Dirección General de Inspección al juzgado instructor del caso 'Arcos', contra la corrupción urbanística en ese municipio.

De estas impugnaciones, según se señala en dicho documento, incluido en el sumario y al que tuvo acceso Europa Press, 25 contaban con sentencia judicial "favorable a los intereses de esta Comunidad autónoma", mientras que a fecha de noviembre de 2009 existían seis procedimientos contenciosos en los que aún no había recaído sentencia.

El motivo de estas impugnaciones fue la concesión "prescindiendo del procedimiento legalmente establecido en la anterior legislación urbanística", sobre todo el artículo por el que se exigía un determinado mecanismo para otorgar la licencia para construir en suelo no urbanizable.

"Las licencias impugnadas prescindían totalmente de dicho procedimiento", se apunta. Además, se indica que desde la Dirección General también se instó al Consistorio a que ejecutara las sentencias, aunque la situación fue de "absoluta inejecución" de las resoluciones, que se pusieron en mano de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía.

El informe precisa que existía desde 2008 una colaboración entre Junta y Ayuntamiento de Alcaucín para la realización de un inventario de edificaciones y construcciones en suelo no urbanizable, realizándose hasta ese momento 107 fichas de inventario municipal.

Asimismo, dicha Consejería informó de que en ese momento contaba con 18 expedientes de denuncias relativas a presuntas infracciones urbanísticas, todas tramitadas conforme al protocolo de actuaciones de la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda.

También se presentó escrito de denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz sobre movimientos de tierra, infraestructuras de muros e instalación de suministro de agua y luz en varias parcelas. Tras un "cruce" de documentación desde mayo de 2008, se instó al Ayuntamiento a revisar de oficio las dos licencias otorgadas a la empresa, investigada en esta causa.