(Esta noticia sustituye a la anterior con el mismo titular a petición de la fuente informante, que aclara que el decreto no se retirará, en vez de que no va a cambiar) Aguayo afirma que no retirará el decreto de reordenación pública y anuncia nuevos cambios

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha afirmado que no se retirará la normativa sobre reordenación del sector público, "que ya cuenta con un decreto en vigor y un acuerdo sindical en torno a él", y ha anunciado nuevos cambios en su Departamento en el área de Administración Pública.

Tras reunirse con UGT-A y CCOO-A para presentarles el proyecto de presupuestos de la Junta para 2011, Martínez Aguayo ha explicado que "terminará de reconfigurar probablemente algunas áreas de Administración Pública", aunque no quiso concretar los cambios que se realizarán. Sin embargo, añadió que, aunque se está trabajando en ello, también hay que nombrar con anterioridad a un director de Función Publica.

En cuanto a la sustitución de José Antonio Ortiz Mallol como secretario general de Administración Pública, Martínez Aguayo ha asegurado que su salida de este puesto "nada tiene que ver" con las críticas al decreto de reestructuración del sector público andaluz, "aunque lo pueda parecer".

"Ortiz ha hecho un trabajo espléndido, ha acabado un trabajo y se le ha encargado otro también muy importante como es la creación de un tribunal administrativo, un proyecto donde trabaja desde hace mucho tiempo", añade la consejera, que recuerda que para su departamento son "prioritarias la simplificación administrativa y la mayor garantía jurídica".

En este marco, Martínez Aguayo ha sentenciado que el decreto de reordenación del sector público "se ha explicado y se seguirá explicando". "Aunque pueda haber algún funcionario con incertidumbre, que es lo que provocan todos los cambios, con el tiempo se irán despejando sus dudas conforme se aplique el decreto y serán ellos los primeros defensores de este decreto", aclara.

Asimismo, insiste en que el decreto ley está en vigor, "con un objetivo claro y sin lesionar los derechos de nadie". "Tenemos un compromiso de cumplir una ley, de reordenar el sector público y además tenemos la convicción de que hay que tener un sector público con la máxima eficiencia", subraya.

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