El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado, con los únicos votos a favor del PP, en contra de Compromís y No Adscritos y la abstención del PSPV, la ley de la Generalitat de Protección Civil y Gestión de Emergencias, una norma que, según los 'populares', "ajusta" este servicio "a la realidad del siglo XXI" y aumenta su "operatividad" y "eficacia" respecto de la normativa de 2002 que sustituye.

El PP no ha aceptado ninguna de las 134 enmiendas que se mantenían "vivas" al texto —38 del PSPV, 50 de Compromís y 46 de No Adscritos. La oposición ha censurado que la norma "no racionaliza" la gestión de las emergencias, "externaliza" servicios básicos y se ha elaborado sin la suficiente "participación".

La diputada del PSPV Mercedes Sanchordi ha remarcado que la ley supone en realidad una "modificación parcial" de la anterior normativa y ha señalado que en su redacción ha echado en falta "más participación, más diálogo y más acuerdos". Al respecto, se ha preguntado "dónde está el informe del Comité Económico y Social".

La parlamentaria ha alertado de que la norma "dota de más protagonismo y más mando al conseller del ramo" y ha apuntado que es una ley "manifiestamente mejorable" y espera que su desarrollo reglamentario sea "rápido, participado y justo".

El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha señalado que los 'populares' han tenido "mucha prisa" en hacer una ley "sin concertación y acuerdo" con los sindicatos y cuyo objetivo es "privatizar y externalizar un servicio público básico".

Al respecto, ha indicado que la norma contempla que la intervención frente a emergencias pueda desarrollarse "por empresas contratadas" y ha incidido en que el PP cuando piensa en protección civil y emergencias "seguramente piensa en negocios para algunos".

También ha remarcado que la norma "no racionaliza las emergencias y la protección civil; no es operativa, crea duplicidades y supondrá más gasto público", al tiempo que ha lamentado que continúe con el "lío provincial" en lugar de hacer una gestión de las emergencias "de ámbito autonómico" y, al respecto, ha instado "superar el modelo de consorcios", que sólo sirve para sostener "amiguitos del alma" y supone una "visión provinciana de la gestión de las emergencias".

El diputado de No Adscritos Lluís Torró ha remarcado que la norma es "prescindible, no resuelve los problemas que mantenía la ley que teóricamente sustituye y agrava otros", al tiempo que abre "más puertas a la privatización" y, en este sentido, ha calificado de "irresponsabilidad mayúscula" que se "deje en manos de empresas de telemarketing" la gestión del teléfono de emergencias 112 para "generar negocios privados y practicar el clientelismo político".

"ajustarse a la realidad"

El parlamentario del PP César Sánchez ha defendido que la norma es una "ley autonómica y no provinciana", está "consensuada con los agentes sociales" y ha contado con un "altísimo grado de diálogo". Ha remarcado que su objetivo no es "externalizar" sino "ajustarse a la realidad del siglo XXI".

En esta línea, ha destacado que la norma es "más operativa, más eficiente y más eficaz" que la anterior normativa para "hacer frente con más garantías a las emergencias" y "permite afirmar que tendremos un sólido sistema de protección civil y gestión de emergencias".

En el mismo sentido, su compañera de grupo, Sagrario Sánchez, ha resaltado que se trata de un texto "de futuro para proteger a las personas" y ha remarcado que es una "ley de todos". Ha subrayado que la norma "no pretende crear ningún servicio nuevo sino regularizar los existentes para conseguir unas actuaciones más eficientes".

Una novedad de la ley es la incorporación de dos nuevos planes, el de autoprotección elaborado por empresas y entidades, y el de eventos especiales. También se crea la Unidad de Brigada de Emergencias (UBE) y se amplían los servicios del Centro de Coordinación de Emergencias. Asimismo, se constituye una mesa social de la protección civil y emergencias.

Se regula por primera vez la coordinación de la vuelta a la normalidad tras una catástrofe con la creación de una Oficina Única Postemergencia. Otra de las novedades importantes de la norma es el establecimiento como manera "disuasoria preventiva" de la repercusión de costes cuando se movilicen recursos de "forma maliciosa o derivados de una negligencia manifiesta".

Se trata de un nuevo régimen sancionador que se graduará en función de la gravedad, la cantidad de recursos y el riesgo provocado. Para ello, la normativa, que consta de 82 artículos englobados en 10 títulos, establece sanciones leves —de hasta 6.000 euros—; graves —de 6.001 a 150.000 euros— y muy graves —de 150.000 a 600.000 euros. También se incurrirá en responsabilidad por el mal uso del teléfono 112 Comunitat Valenciana.

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