Una nueva plataforma en defensa de la enseñanza concertada -formada por las entidades que conforman la Mesa Sectorial a excepción de los sindicatos CCOO, UGT y STEI-i- ha exigido la retirada de los decretos del Govern destinados a anular los conciertos de Bachillerato y de Formación Profesional (FP), ya que, según ha advertido, supondrá que las familias vean multiplicado por diez el coste de la educación de sus hijos, pasando de 18 euros mensuales a 400 euros, así como el despido de 200 profesores.

En una multitudinaria rueda de prensa, el portavoz de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias de Alumnos de la Escuela Católica de Baleares (Confaecib), Jaume Casasnovas, ha explicado que esta "grave situación" provocará un "coste económico importante que muchas familias no podrán asumir" y que derivará en un cambio de centros educativos de los alumnos.

Los integrantes de la plataforma, que han elaborado un manifiesto con siete peticiones que remitirán tanto al conseller de Educación y Cultura, Bartomeu Llinàs, como al presidente del Govern, Francesc Antich, han subrayado que "no cederán" ante esta situación y se "cerrarán en banda" hasta que puedan abordar este asunto con el jefe del Ejecutivo autonómico "o con quien haga falta".

En este sentido, han exigido, entre otras cosas, la retirada inmediata del proyecto de Decreto de Conciertos Educativos del Govern y que se espere a la vigencia del nuevo Reglamento de Normas Básicas Estatales para la elaboración de un decreto autonómico, que se debe hacer desde el consenso.

Casasnovas ha hecho hincapié en que las acciones que el departamento de Educación autonómico ha realizado poniendo como "excusa" la actual crisis económica "atenta contra los derechos a la educación" que tienen los niños de la comunidad.

Calendario de actuaciones

Por su parte, el presidente de la Escola Católica de Baleares, Bernat Alemany, ha detallado que, tras hacer entrega de este escrito a Llinàs y a Antich, empezarán a establecer el calendario de actuaciones para insistir en el cumplimiento de todo lo que exigen en el manifiesto.

La plataforma ha incidido en el sector de la concertada es el que cuenta con mayor demanda social puesto que reúne al 38 por ciento del alumnado de Baleares, aunque únicamente es atendido por el 25 por ciento del profesorado de las islas.

Además, han detallado que, sin contabilizar el Bachillerato, suponen un ahorro para los ciudadanos del archipiélago de cerca de 55 millones de euros ya que el coste de cada plaza escolar es de unos 1.200 euros menos por alumno en comparación con la educación pública.

Por parte de los sindicatos, el representante de USO, Ismael Alonso, ha incidido en que unos 200 profesores "se pueden ir a la calle porque las familias no podrán asumir los costes". "Se escuchan rumores de recolocación pero con unos decretos tan exigentes es imposible, la recolocación existirá pero en las listas del paro", ha advertido.

Mientras, el secretario general en Baleares de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), Antoni Sacarés, ha reprochado al Govern que, además de que les dejasen de aplicar el acuerdo de equiparación salarial con los profesores de la educación pública, ahora les hayan impuesto el recorte del 5 por ciento en su sueldo.

"doble castigo" para el sector

Esto supone un "doble castigo" ya que el Ejecutivo balear ha atrasado el proceso homologador de hace muchos años, consideran. Por ello, en el escrito también solicitan al Govern que mantenga la vigencia de la totalidad de los acuerdos firmados con el sector y los aplique en sus términos para equiparar definitivamente las condiciones laborales y económicas del personal de los centros privados concertados y de los públicos.

Asimismo, la plataforma ha hecho hincapié en que el sector de la concertada garantiza la libertad de las familias para escoger centro de acuerdo con sus convicciones y ha apuntado que este derecho ya no estará asegurado si muchos hogares poseen problemas para asumir los nuevos costes.

Otras de las peticiones que realizan son la derogación inmediata de los recortes a las retribuciones del profesorado de los centros concertados, así como que el Govern ponga fin al "asedio" que practica hacia este sector.