PSOE pedirá la devolución de 2,3 millones de euros que el Ayuntamiento pagó a Agualid por "desequilibrio económico"

El Grupo Municipal Socialista reclamará la revisión de oficio de un decreto de Alcaldía, de fecha 22 de diciembre de 2006, en el que se ratifica la decisión de compensar el supuesto "desequilibrio económico" reclamado por la empresa concesionaria de la gestión del agua en la ciudad, Agualid, y que supuso el pago de 2,3 millones de euros.

El Grupo Municipal Socialista reclamará la revisión de oficio de un decreto de Alcaldía, de fecha 22 de diciembre de 2006, en el que se ratifica la decisión de compensar el supuesto "desequilibrio económico" reclamado por la empresa concesionaria de la gestión del agua en la ciudad, Agualid, y que supuso el pago de 2,3 millones de euros.

Así, según ha señalado el presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Puente, el PSOE pide, por tanto, la devolución a las arcas públicas de esos 2,3 millones, una vez que los tribunales dieron la razón el pasado mes que "no existe desequilibrio económico alguno en la concesión, lo cual deja sin fondo el motivo por el cual se reconoció y pagó la supuesta deuda, que ahora se comprueba que no existía".

En aquel recurso, la empresa pretendía el pago de 6,3 millones de euros por parte del Consistorio por un supuesto desequilibrio económico de la concesión, en base a que se facturaba menos por el consumo de agua de los ciudadanos de lo que la propia empresa había previsto, es decir, que las estimaciones de consumo de agua formuladas por Agualid cuando firmó la concesión, habían sido sobrevaloradas.

El Juzgado y la Sala del TSJ coinciden en señalar que lo solicitado por la empresa no procede, puesto que no se dan los supuestos previstos en la legislación para que pueda entenderse que existe desequilibrio económico en la concesión. Tales supuestos se limitan a que el contrato se haya modificado, o a que haya causas sobrevenidas imprevistas, hechos que no se dan en este caso.

Los órganos judiciales concluyen que las estimaciones de consumo, "por encima de lo real, es algo que tiene que asumir la empresa dentro del principio de riesgo y ventura que contempla la legislación de contratos".

La empresa hizo sus cálculos, según el representante socialista, económicos cuando licitó la concesión de agua, estimando un consumo de casi de 34 millones de metros cúbicos, frente a los poco más de 23 que se consumieron en 1995. "Eso es lo que le hizo ofertar un canon de casi el doble del que se solicitaba en la licitación por el Ayuntamiento y es lo que permite concluir que, si Agualid estima que el rendimiento de la concesión no es el que preveía", señalaron.

Conocidos estos argumentos judiciales, en primer lugar, el candidato del PSOE a la Alcaldía, mostró su satisfacción con el resultado de las sentencias y felicitó públicamente a los servicios jurídicos municipales "quienes, al contrario que el alcalde y el concejal de Medio Ambiente, Jesús Enríquez, sí han defendido el interés público municipal".

Por ello, se ha preguntado por qué Enríquez y el gerente de Agualid firmaron un acta conjunta de normalización de pagos en ingresos el 11 de diciembre de 2006 en la que el concejal, "sin ningún informe previo, reconoce un desequilibrio económico por importe de 2.238.868,36 euros hasta finales de 2005".

Un decreto de Alcaldía, poco después, ratificó ese pago, que fue percibido por Agualid indebidamente, según ahora se desprende de los argumentos de la sentencia, en los que se rechaza la existencia de desequilibrio económico alguno. "Por qué motivo estos hechos no fueron puestos en conocimiento de la Asesoría Jurídica quien, en ningún momento, los ha comunicado a los tribunales, porque no lo sabía", se preguntó Puente.

En su opinión, el acta de normalización de pagos firmada por Enríquez es un "chalaneo" con la empresa Agualid pues también se reconocía que Agualid sólo tenía que pagar una parte del canon de vertidos a la Confederación Hidrográfica del Duero.

Ahora, tras la denuncia del Grupo Socialista al Consejo de Cuentas, Puente ve confirmado que "hay que recuperar íntegramente y, por tanto, reclamar otros dos millones de euros, lo que supone que el trabajo de denuncia del PSOE reintegrará a las arcas públicas casi 4 millones y medio de euros prácticamente regalados".

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