Chunta Aragonesista (CHA) defenderá este martes en Bruselas, ante la Comisión de Peticiones de la Unión Europea (UE), la queja presentada en relación con la actuación llevada a cabo por el Gobierno de España al promover, "con la complicidad del Gobierno de Aragón", un trasvase a Cataluña en 2008.

Desde CHA recuerdan que el Gobierno estatal aprobó en 2008 (el 21 de abril) un Real Decreto-Ley que autorizaba un trasvase del Ebro a Barcelona, con la construcción de las infraestructuras permanentes necesarias para llevarlo a cabo.

El responsable de asuntos europeos de CHA, Miguel Martínez Tomey, ha explicado que "esta decisión atentaba directamente con la Directiva Marco del Agua, pero la Comisión Europea, y a pesar de las denuncias realizadas, prefirió mirar hacia otro lado dejando actuar al Gobierno de Zapatero con total impunidad y ante el silencio del Gobierno de Aragón".

Relata Martínez Tomey que el trasvase no se realizó "gracias a que llovió lo suficiente como para echar por tierra la excusa de la sequía, pero abrió las puertas a una forma de actuar ante la que la Comisión Europea no supo reaccionar y que sentenció un peligroso precedente para Aragón".

Así, ha señalado que desde CHA "consideramos que la Comisión Europea debería ser más estricta ante este tipo de actuaciones porque supone un grave riesgo que se permita incumplir las propias normas y Directivas".

Martínez Tomey ha lamentado que "el Gobierno de Aragón PSOE-PAR estuvo parado mientras se iniciaba un trasvase del Ebro y se planteaba la construcción de unas instalaciones permanentes para facilitar más desvíos de agua en el futuro" y ha agregado que "sólo la llegada de las lluvias le hizo reaccionar para pedir la paralización de unas obras que ya no se justificaban y que le producían desgaste ante la opinión pública aragonesa, no las flagrantes ilegalidades e injusticias que se estaban perpetrando".

Algunos de los puntos que vulneraba el Real-Decreto de abril de 2008, según CHA, es que se rompía el principio de unidad de cuenca, además "no se ajustaba" a las premisas de las medidas de planificación y actuación previstas en el ordenamiento europeo y español.

Otro aspecto es que se presentó sin haber agotado todos los mecanismos pertinentes de ahorro y de suministro alternativo en un escenario de corta duración, "no se aplicaban las medidas tarifarias ni de recuperación de costes, no se llevó a cabo evaluación de impacto ambiental, ni estudio económico y social que evalúe su impacto en el equilibrio interterritorial y su sostenibilidad global".

Tampoco se realizaron consultas con las Comunidades Autónomas de la cuenca cedente, ni con los agentes de la sociedad civil concernidos, bajo un propósito declarado de aplicar este tipo de medidas con carácter general, siendo con ello posible la ejecución en diferentes tiempos de una red de trasvases sistemáticos del Ebro al ritmo en que se vayan produciendo en cada zona los ciclos de sequía habituales en el clima mediterráneo y "sin que la situación climatológica y el nivel de reservas de agua actualmente embalsadas en las cuencas receptoras justifiquen ni la medida, ni la vigencia el Real Decreto-Ley que la autoriza", precisa CHA.

Otro aspecto que se vulneró es la falta de notificación a la Comisión Europea de la aprobación del Real Decreto-Ley de medidas contra la sequía, tal y como exige la Directiva Marco del Agua.

"No se notificó a la Comisión Europea el proyecto de la obra del trasvase (que se adjudicó a la

Ute "conducción CAT-ATLL", en la que participaban Aguas de Barcelona, Sacyr, Dragados, Acciona, Comsa y Copisa), ni la decisión de eximirla de la obligación de realizar evaluación de impacto ambiental ni de los fundamentos legales de tal decisión, ni se le comunicó dicho proyecto de obras, tal y como exige la Directiva de Evaluación de impacto ambiental", ha puntualizado Martín Tomey.

CHA ha recordado que la decisión "tampoco era conforme ni con las obligaciones a las que están sujetos los Estados miembros conforme a lo establecido en las Normas sobre Defensa de la Competencia, ni con las disposiciones e instrumentos sobre ayudas e incentivos de la política regional de la Unión Europea".