El concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, ha replicado al edil socialista Juan Soto que fue el PSPV quien acordó en el Plan General de 1988 que el edificio conocido como Bombas Gens fuera terciario, con posibilidad de incluir viviendas o un hotel, y garantiza la protección de las fachadas y elementos estructurales de este edificio.

Así lo ha indicado en un comunicado en relación con la petición del grupo socialista en el Ayuntamiento, que ha exigido este lunes al equipo municipal de gobierno que proteja el conjunto patrimonial de la antigua fábrica de Bombas Gens y que lo proponga como Bien de Relevancia Local en el catálogo de bienes protegidos de la revisión simplificada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Asimismo, pide que el consistorio adquiera la propiedad de este edificio y que lo destine a equipamiento cultural.

El concejal delegado de Urbanismo ha replicado a la "apocalíptica visión" de Soto sobre Bombas Gens, que "hay una petición de licencia de mayo de este año y un informe desfavorable al proyecto del mes de julio" por lo que "es imposible ser más diligente por parte del Ayuntamiento".

"Los propietarios tienen derecho a presentar una propuesta y nosotros hacemos nuestro trabajo, que en este caso ha sido informarla negativamente", ha señalado Bellver, quien ha explicado también que "en todas las intervenciones que se proponen sobre edificios protegidos se pide a los proponentes que aporten fotografías del estado actual y también figuraciones sobre la propuesta de intervención, es algo habitual".

Bellver ha acusado al concejal socialista de tener un discurso "catastrofista e hipócrita" y ha subrayado que fue el PSPV "quien grafió Bombas Gens como terciario, con una zona para edificación abierta, donde por tanto cabrían viviendas o un hotel, por lo que no tiene sentido que ahora diga que todo tiene que ser un servicio público".

El concejal de Urbanismo ha insistido en que el Ayuntamiento de Valencia "seguirá velando por la conservación de los elementos protegidos de este edificio, con un nivel 2 validado por la Dirección General de Patrimonio, cuando se desarrolle cualquier proyecto y también hasta entonces, como lo demuestra la orden de ejecución dictada en 2006 y la multa coercitiva de más de 20.000 euros a la propiedad por no conservar adecuadamente el edificio y las numerosas actuaciones policiales y de los servicios de limpieza y sanidad en los últimos años".