El Parlamento asturiano tramita la modificación de la ley de Turismo que busca "agilizar" autorizaciones a empresas

La Junta General del Principado de Asturias (JGPA) tramita por el procedimiento de urgencia una modificación de la Ley 7/2001 de 22 de junio de Turismo que busca adaptar la legislación turística a la directiva europea del 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior. Fuentes del Principado consultadas por Europa Press han señalado que se trata de una modificación que busca "agilizar los trámites" para la tramitación de autorizaciones para empresas prestadoras de servicios turísticos e incrementar las sanciones a las infracciones graves y muy graves.

La Junta General del Principado de Asturias (JGPA) tramita por el procedimiento de urgencia una modificación de la Ley 7/2001 de 22 de junio de Turismo que busca adaptar la legislación turística a la directiva europea del 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior. Fuentes del Principado consultadas por Europa Press han señalado que se trata de una modificación que busca "agilizar los trámites" para la tramitación de autorizaciones para empresas prestadoras de servicios turísticos e incrementar las sanciones a las infracciones graves y muy graves.

El proyecto de ley fue admitido a trámite por la Mesa de la Cámara en la sesión del 2 de noviembre de 2010, en la que se acordó su tramitación por el procedimiento de urgencia, reduciendo a la mitad los plazos de tramitación.

En el preámbulo se señala que resulta precisa la modificación para "suprimir las barreras" y los "obstáculos" que "restringen aún injustificadamente el acceso a actividades turísticas y su ejercicio". Así, se elimina el sistema de autorización previa y del silencio negativo y se pasa a otro que consiste en una comunicación previa al inicio de la actividad por parte del empresario, acompañada de la correspondiente declaración responsable y la acreditación del cumplimiento de las condiciones conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.

No obstante, la nueva regulación prevé, con carácter excepcional, la exigencia de previa autorización por parte de la Administración competente en materia de turismo para el caso de la instalación de campamentos de turismo, "dado que los perjuicios que podrían derivarse de la supresión de tal régimen, en relación con la seguridad pública y la protección del medio ambiente y del entorno urbano, serían de difícil o imposible reparación".

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