El Gobierno central ha afirmado que las actuales limitaciones presupuestarias no le permiten hacer frente simultáneamente a la instalación de los dispositivos de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) en todos los cuarteles de la Guardia Civil de la Comunitat Valenciana.

Así consta en una respuesta parlamentaria al diputado popular Esteban González Pons, quien se había interesado, entre otros asuntos, por el estado en el que se encontraban los acuartelamientos; por los calabozos para los detenidos; o por las inversiones para rehabilitar estas instalaciones.

En referencia a las medidas de seguridad, el Ejecutivo ha explicado, según ha recogido Europa Press, que los cuarteles de Silla, Carlet, Almassora, Novelda, Ibi, El Campello y San Juan disponen de CCTV.

Para el resto de instalaciones, ha afirmado que las medidas de seguridad se basan principalmente en el factor humano, "mediante la vigilancia directa del personal destinado en cada Unidad", complementado por otras medidas de seguridad pasiva como el emplazamiento de bolardos y la vigilancia prestada por las Patrullas de Servicio.

Así, ha expuesto que "se ha establecido una priorización para todo el territorio" porque las actuales limitaciones presupuestarias "no permiten hacer frente simultáneamente a la instalación de los dispositivos CCTV en todos los acuartelamientos".

Respecto al estado en que se encuentran algunos cuarteles, el Gobierno ha especificado que los de Vilamarxant, Aldaia, Ayora, Quartell, Silla, Carlet y Almassora son los que reúnen las menores condiciones de trabajo. Por su parte, los de San Miguel de Salinas, Novelda, Ibi, El Campello y San Juan presentan unas condiciones de trabajo mejores que los anteriores.

Por su parte, ha concretado que las dependencias oficiales de los Puestos de Moraira-Teulada, Benissa y Gata de Gorgos están ubicadas en instalaciones provisionales cedidas por los correspondientes consistorios municipales, siendo las condiciones de trabajo "aceptables", ha dicho.

En general, el Ejecutivo ha explicado que la "problemática" relativa al estado de los cuarteles de la Comunitat, como en otras Unidades Territoriales, es la "necesidad" en algunos inmuebles de una mejora en las condiciones generales de habitabilidad y funcionalidad, "consecuencia de la ausencia durante varios años de una inversión sostenida en mejoras de las infraestructuras", ha puntualizado.

Desde 2004, dichas deficiencias, en la medida de lo posible, "están siendo paliadas en función de las disponibilidades presupuestarias y de las prioridades establecidas". Así, ha indicado que se han acometido obras de adecuación, rehabilitación o nueva construcción en los acuartelamientos que por su estado así lo requerían.

Además, en lo que respecta a la Comunitat Valenciana, los créditos destinados a tal fin —tanto en inversiones con cargo a créditos ordinarios del Cuerpo como inversiones con cargo a créditos extraordinarios, Plan E— han sido en total los siguientes: en 2008, un total de 1.394.865,04 euros; en 2009, 2.946.394,26 euros; y en 2010, 2.450.562,77 euros.

Los calabozos

Por otro lado, ha expuesto que en la actualidad, 66 de las 149 casas cuartel que conforman el despliegue operativo de seguridad ciudadana en la autonomía están dotadas de centros de detención, lo que representa el 45 por ciento.

Ha indicado que permanecen cerrados temporalmente dos de ellos —cuarteles de Onil y San Juan pertenecientes a la provincia de Alicante— por motivos de inadecuación a la normativa actual. Estos centros de detención están compuestos por entre uno a cuatro celdas con una capacidad que oscila entre dos y ocho personas.

Tanto en los calabozos objeto de rehabilitación y adecuación, como en aquellos a ubicar en acuartelamientos de nueva construcción, el Gobierno tiene en cuenta la vigente normativa que regula las condiciones de las instalaciones para la custodia de los detenidos, "acometiéndose dichas obras en función de las disponibilidades presupuestarias", ha matizado.