(AMP)Cinco CC.AA. proponen un nuevo reglamento del carbón que recoja las ayudas vigentes y no condicionadas al cierre

El presidente de CyL dice que el recurso de las eléctricas es un "acto de hostilidad" que "no se olvidará"

Castilla y León, Asturias, Aragón, Castilla la Mancha han firmado este viernes un documento de bases para una nueva regulación de las ayudas específicas a la industria del carbón a partir del 1 de enero de 2011 que recoja todas las subvenciones vigentes y que no las condicione a un plan de cierre, un manifiesto que ha sido también respaldado por el Gobierno de Andalucía.

El documento para el nuevo reglamento, que ya fue ratificado por la patronal alemana y española, ha sido suscrito en Valladolid por el consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva; el consejero de Industria y Empleo del Principado de Asturias, Graciano Torre; el consejero de Industria, Comercio y Turismo de Aragón, Arturo Aliaga López, y el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla la Mancha, Julián Sánchez.

Los consejeros han sido recibidos por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien ha indicado que la posición de las comunidades es "coherente" con las directrices de la Unión Europea y los fundamentos del Plan Nacional de la Reserva Estratégica del Carbón y ha señalado el objetivo de estas regiones de fijar una propuesta que "aliente y apoye" al Gobierno central en la "difícil misión" de defender el sector.

Así, según ha expresado, el manifiesto pretende marcar el punto de partida que deben defender Gobiernos español y alemán en la negociación con el resto de países europeos para consensuar un nuevo reglamento que dé por concluida la reestructuración del sector, apueste por su estabilidad "al menos en los volúmenes actuales" y que rechace el "absurdo" de condicionar las ayudas a un cierre.

El vigente reglamento prohíbe las ayudas al cierre más allá de diciembre de 2007, fecha a partir de la cual las ayudas al funcionamiento solamente se permiten si se inscriben en un Plan de Acceso a Reservas.

Por ello, los firmantes proponen que los Estados puedan otorgar ayudas al funcionamiento en el contexto de un plan de acceso a reservas similares a las actuales con una vigencia superior a diez años y ayudas para apoyar la adaptación requerida en el contexto de un plan de cierre, también con la vigencia necesaria para lograr el cumplimiento de los objetivos.

En este sentido, se considera "especialmente importante" que el nuevo reglamento no estipule una regresividad de ayudas que pueda entrar en conflicto con este fin, pero se rechaza frontalmente condicionar las ayudas a que se tengan que inscribir en un plan de cierre. El documento determina que el Reglamento actual debe prorrogarse hasta la fecha en que se logre el consenso necesario para aprobar esta nueva regulación.

Herrera, coincidiendo con los consejeros asistentes a la firma, ha resaltado que el texto está construido sobre la base de lo social, teniendo en cuenta a las familias, trabajadores, empresas y comarcas cuyo desarrollo económico dependen de este sector.

Asimismo, ha hecho un recordatorio de los procesos legales en torno a la minería hasta la aprobación del Real Decreto del carbón el pasado 1 de octubre para recalar así en la "litigiosidad no esperada" por el recurso de las compañías eléctricas, que presentaron ante el Tribunal de Luxemburgo recursos contra la decisión de la Comisión Europea de declarar el decreto que incentiva el consumo de carbón nacional compatible con el mercado interior.

"acto de enemistad"

En este sentido, ha advertido de que el recurso es un "acto de hostilidad, enemistad y falta de compromiso" que no "se olvidará" y ha recordado a Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa que están vinculadas a unas obligaciones y un protocolo firmado en 1996 para establecer una regulación eléctrica nacional.

"Actualmente el sector del carbón nacional recibe apoyo del Estado por valor de 300 millones cuando la actividad vinculada a la energía eólica consume 20 veces más de apoyo, hasta 6.000 millones", se ha quejado.

Para el presidente de Castilla y León, resulta "sorprendente" que las compañías que tienen la titularidad de las cuatro centrales "hayan recurrido sabiendo que el carbón es clave para el futuro de 1.500 trabajadores directos". Además, Herrera ha recriminado que ninguna de las compañías se haya dirigido a la Junta para "trasladarle su malestar o explicar el motivo de sus recursos".

Por su parte, el consejero asturiano reiteró que el documento es un apoyo al Gobierno de España en su trabajo y esfuerzo en la Comisión Europea, aunque también de reivindicación ante la Unión Europea y "de argumentos", al explicarse el porqué de que esa exigencia de mantenimiento de las ayudas al acceso a las reservas.

Graciano Torre desvinculó la extracción del carbón a la lucha por el cambio climático y la reducción de las emisiones de C02 y apuntó que en todo caso existe un problema de "competencia" si no existe un mercado intracomunitario.

En cuanto a las eléctricas, reconoció sentirse "indignado" por una actitud "incomprensible" después de que estas compañías contaran con el apoyo y los recursos de los territorios y las subvenciones estatales.

Esta postura fue también defendida por los representantes de Aragón, Castilla y León y Castilla la Mancha, quienes criticaron que las empresas han mirado "sólo a su cuenta de resultados" sin tener en cuenta a cómo su recurso afecta a la minería así como el hecho de que ninguna de las eléctricas se haya puesto en contacto, ni antes ni después, con las comunidades para abordar la situación.

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