La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha reprochado este viernes al presidente del PP, Mariano Rajoy, que su postura sobre todo lo concerniente al aborto es "extremadamente ambigua", en referencia a sus última entrevista concedida al diario El País, si bien ha mostrado sus dudas de que el dirigente popular "vaya a derogar la actual ley en el caso de que gobernara".

En declaraciones a los periodista previas a la inauguración en Sevilla de una jornada sobre 'Derechos en conflicto: aborto, eutanasia y objeción de conciencia', la titular del ramo ha afirmado que, "por lo que he leído y entendido de su entrevista, lo que muestra son discrepancias —a la ley—, pero creo que no se ha atrevido a decir de forma clara que en caso de que el PP gobernara derogarían la ley que recientemente se aprobó en el Congreso de los Diputados".

Al hilo de ello, Montero ha instado al PP a que "manifieste claramente su postura sobre estas materias y no se agarre sólo a aquellos elementos puntuales que pueden ser objeto de discrepancia". Así, ha conminado a los 'populares' a que planteen su visión sobre "el grueso de la cuestión, ya que estamos hablando de los derechos de la mujer en un ámbito de terminado del embarazo en el que hay que definir claramente las posturas", ha insistido.

"Los ciudadanos tienen derecho a conocer claramente las opiniones de las distintas fuerzas políticas para actuar en consecuencia cuando ante unas elecciones o para elegir a una persona", ha defendido la dirigente andaluza.

En cuanto a la objeción de conciencia que pueden esgrimir los sanitarios en cuestiones controvertidas como el aborto o la eutanasia pasiva, ha recordado que desde su departamento "siempre hemos defendido que habría que plantearse una regulación a nivel estatal de la objeción, básicamente porque en ocasiones la no regulación provoca un vacío normativo que da lugar a distintas interpretaciones contradictorias".

Así, ha apostado por buscar "el consenso social" como elemento "fundamental" a la hora de plantear cualquier regulación normativa. "En Andalucía ya tuvimos ocasión de debatir largamente sobre la objeción de conciencia con motivo de la aprobación de la Ley de Muerte Digna, unos debates que nos enriquecieron enormemente", ha destacado Montero, para quien foros como el que se celebra este viernes en Sevilla "contribuyen a que las distintas expresiones se puedan expresar en un tono pausado, se permita el diálogo y nos alejemos de la confrontación política y de la demagogia que a veces pueden surgir".

Luis montes

Por su parte, el presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), el doctor Luis Montes, ha defendido también en declaraciones a los periodistas que se debe primar los derechos generales de los ciudadanos por encima de los individuales.

"En la sociedad en la que vivimos la objeción de conciencia es una situación de insumisión al derecho, la cual se está dando", ha denunciado Montes, quien, en su opinión, "en los servicios públicos, las autoridades y las instituciones tienen que garantizar que esos derechos —los del aborto— no se vean perjudicados".

A su juicio, la objeción de conciencia por parte de los profesionales "es individual", por lo que "no puede hacerse en un hospital general, ya que un centro público no tiene conciencia individual".

Sea como fuere, ha sostenido que, a su entender, la objeción de conciencia "es una insumisión al derecho, sobre todo, en los hospitales públicos en lo que está garantizado por una cartera de servicios, es decir tienen la obligatoriedad de prestar ese servicio".

Preguntado también por un posible cambio de las leyes si llegase al poder el PP, ha admitido que "dependerá de esos cambios políticos", aunque ha puntualizado que "hay que tener bastante voluntad para cambiar unos derechos que, como las interrupciones voluntarias del embarazo, se llevan haciendo 25 años en este país".

Manifiesto en favor de la objeción

Precisamente este viernes, varias asociaciones, entre ellas, DMD, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública y la Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa han firmado un manifiesto en el que defiende que "la conciencia individual de un Estado democrático a admitir la objeción de conciencia en ciertos casos, no puede llegar a impedir en modo alguno el ejercicio de derechos legalmente reconocidos al conjunto de la ciudadanía.

Este manifiesto, que consta de nueve puntos, recoge también otras consideraciones como el hecho de que "ningún médico puede invocar su libertad de conciencia para incumplir la voluntad de un paciente de no ser sometido a tratamientos o actuaciones que rechaza".

Como conclusión, pide al poder legislativo que "adopte las medidas precisas para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos sanitarios reconocidos por ley".