Los camioneros y la Plataforma contra el decreto del carbón han reclamado al Gobierno central que retire o cambie la norma, después de que el Tribunal de Luxemburgo haya aplicado las cautelarísimas al Real Decreto que incentiva la quema de carbón nacional, en detrimento de las centrales térmicas gallegas de As Pontes y Meirama.

Al respecto, el colectivo de transportistas del carbón de Endesa As Pontes, que mantiene un encierro indefinido en el Ayuntamiento de la localidad, ha considerado "positiva e importante" la decisión de la Unión Europea (UE).

Su portavoz, Manuel Bouza, ha asegurado que la medida del Tribunal de Luxemburgo "sirve para decirle al Gobierno que ya está bien, que las cosas hay que estudiarlas antes de hacerlas".

El período de transición que abre la decisión europea permitirá, a juicio de Bouza, "seguir peleando" e intentar que el carbón nacional, empleado en las centrales de Asturias y León, no tenga mayor peso en la producción energética que el foráneo, que se quema en As Pontes y Meirama.

No obstante, ha matizado que se trata "de un aviso importante" al Gobierno, pero que será necesario continuar con las movilizaciones de protesta.

Por ello, los transportistas vinculados a As Pontes mantendrán reuniones con el colectivo de camioneros de Galicia para tratar de recabar su apoyo y poder demostrar al Gobierno "que esta comarca también se merece seguir trabajando".

Reunión con diputados

También la Plataforma en contra del decreto del carbón —impulsada por el BNG y los sindicatos CIG y USTG— ha valorado la decisión del Tribunal de Luxemburgo. Así, el portavoz, Xesús Anxo López, ha recordado que el colectivo pide que se "elimine o modifique el decreto" por considerar que su aplicación conllevará "una catástrofe para la comarca".

López Pintos ha anunciado reuniones con los diputados gallegos de PPdeG, PSdeG y BNG para reclamarles que intenten modificar "políticamente" el Real Decreto en el Congreso de los Diputados. De forma paralela, la plataforma estudia la convocatoria de otra movilización ciudadana para reclamar al Ejecutivo central que retire la norma.