Sólo 3,8 de cada mil canarios reciben alguna atención, según Directores y Gerentes de Servicios Sociales Los datos utilizados no incorporan a los atendidos por los cabildos, dice el Gobierno

La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha asegurado que "los datos que maneja la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales no son comparables con otras regiones, ya que mientras todas las comunidades autónomas incorporaron sus anteriores sistemas bajo el paraguas de la ley de dependencia, en Canarias cohabitan dos sistemas, el anterior, financiado exclusivamente por Canarias a través de los Planes sociosanitarios, y el nuevo, el contemplado en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal".

Rojas sale así al paso de la denuncia realizada por el autor del V Dictamen del Observatorio de la Dependencia de la asociación, Luis Barriga, quien ha señalado que "si bien más de 13 de cada 1.000 españoles son beneficiarios de la Ley de Dependencia, en Canarias son 3,8 de cada mil los que reciben alguna atención, lo que significa que en el archipiélago hay cuatro veces menos posibilidades de ser beneficiario de la citada ley".

"En Canarias, más de 30.000 personas con algún grado de dependencia están siendo atendidas a través de la red de recursos y servicios que incluyen los servicios de prevención, programa de teleasistencia, ayuda a domicilio, servicios de día, servicios residenciales y prestaciones económicas", aseguró en un comunicado la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas.

Más centros

En esta línea la consejera ha recalcado que "Canarias es la comunidad autónoma que mayor número de infraestructuras públicas tiene, por eso, no podemos juzgar el sistema de Protección Social a personas mayores dependientes y personas con discapacidad sólo por la ley de dependencia sino que debemos analizarlo de forma global, y globalmente Canarias atiende a 30.000 personas con algún grado de dependencia".

"Estos datos no están incorporados en los diferentes informes de la Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales ya que no incluyen en sus datos ni a los beneficiarios de los Planes sociosanitarios, ni el presupuesto que destina el Gobierno de Canarias a ellos, tanto desde la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, como desde la Consejería de Sanidad y desde los Cabildos Insulares", indicó Rojas, quien recordó que los datos utilizados en estos informes que no son oficiales.

De igual forma, la consejera ha expuesto que en el archipiélago "ya se ha puesto en marcha el Sistema Canario de la Dependencia, en colaboración con los cabildos insulares, excepto por el Cabildo de Gran Canaria, que aún no ha firmado el convenio para la Prestación de Servicios para las Personas en situación de Dependencia, por lo cuando sólo exista un sistema ya podremos ser comparados con el resto de las comunidades autónomas".

En este sentido, la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, recuerda que "la Ley de Dependencia se nutre de los recursos creados por las comunidades autónomas, que en Canarias están gestionados por Cabildos y Ayuntamientos".

Así, en los artículos 15 y 16, la Ley recoge que tanto el catálogo de servicios —prevención, teleasistencia, servicios de ayuda a domicilio, servicios de centros de Día y de Noche, y servicios de Atención Residencial— como la red de servicios es la ya existente en las Comunidades autónomas. "Es decir, los recursos de Dependencia son los que ya tenía la Comunidad autónoma", dijo.

Asimismo, Rojas recordó que lo que prioriza la Ley estatal de Dependencia es el acceso a los servicios y no prestación económica, "que está considerada como una excepcionalidad, tal y como se recoge en el articulo 14.4 de la Ley".

En cuanto al mantenimiento y creación de plazas para personas dependientes, en Canarias hay tres fuentes de financiación, la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, la Consejería de Sanidad, y los cabildos insulares, "y estas son las claves que nos diferencian del resto de la Comunidades autónomas, ya que en nuestra comunidad, los servicios sociales especializados están transferidos a los Cabildos Insulares, y desde el Gobierno entendemos que la atención a las personas dependientes necesita también de servicios sanitarios, no sólo de carácter social".