La comisión de Ordenación Territorial y Obras Públicas reclama a la Xunta la realización de un estudio sobre la demanda de vivienda protegida en los ayuntamientos de Galicia con el objetivo de variar el límite mínimo establecido por la ley de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo aprobada en 2008 por el Gobierno bipartito.

La proposición no de ley, a cargo del diputado del PPdeG Román Rodríguez, ha salido adelante con el voto a favor del grupo popular y la abstención de los parlamentarios de PSdeG y BNG. Ambos partidos de la oposición presentaron enmiendas al texto, el primero de modificación y el segundo de substitución, que no han sido incluidas en la votación por falta de acuerdo entre los grupos.

Así, Rodríguez ha defendido una iniciativa "sin ningún espíritu revisionista ni de revancha" con la intención, ha señalado, de modificar la política "de café para todos" que impuso la norma en la anterior legislatura, al reservar un 40 por ciento para las viviendas protegidas en los planes de urbanismo de municipios superiores a 20.000 habitantes.

De este modo, el análisis territorializado pretende "adaptar" dicho porcentaje a las "demandas reales", ha incidido Rodríguez, para después apuntar algunos casos como los de Vigo, Oleiros, Arzúa y A Estrada, en los que, según los datos que ha esgrimido, el número de demandantes de vivienda de este tipo es mucho inferior a la cifra fijada por las corporaciones en aplicación de la ley.

"Hay que tener en cuenta otros factores, exclusivamente el parámetro demográfico es una solución simplista", ha aseverado el diputado del PPdeG.

Modelo "neoliberal" del ppdeG

Ante esto, la portavoz del BNG Teresa Táboas, impulsora del texto normativo al frente de la Consellería de Vivenda, ha tachado la proposición de los populares de "irrelevante y de poco peso político", al destacar que de lo que se trata, a su juicio, es de "un debate de fondo" sobre modelos socioeconómicos "distintos y distantes".

En este sentido, y tras avanzar su rechazo a la proposición —la enmienda de sustitución del BNG solicitaba "mantener los porcentajes" establecidos en la ley de 2008—, Táboas ha achacado al PPdeG la defensa del sistema "neoliberal" causa, según ha resaltado, de la actual crisis económica a raíz de la burbuja inmobiliaria.

En consecuencia, ha enmarcado el límite del 40 por ciento delimitado por la norma del bipartito dentro de "una concepción distinta" por la que abogan los nacionalistas acerca de las políticas de vivienda y que implica la "intervención y planificación" estatal. "No es una medida aislada", ha apostillado.

De hecho, Teresa Táboas ha cifrado en el 88 por ciento los ciudadanos gallegos "dentro de los niveles" de renta per cápita que marca la vivienda protegida.

A mayores, ha acusado a los populares de "creer en un Estado más débil" y de ver en la vivienda protegida "un impedimento", al igual que "ciertos promotores que sólo creen en la vivienda como un bien de consumo, y no en un derecho".

"falta de apuesta"

Por su parte, la portavoz del PSdeG Carmen Cajide ha expuesto que su grupo también está "en contra de medidas indiscriminadas" pero he reprobado acciones de este tipo por parte del actual Ejecutivo, en alusión a rebajas fiscales para la adquisición de vivienda que ha calificado de "injustas" e "insolidarias".

Además, ha asegurado que el "único objetivo" del PPdeG es "reducir el parque de viviendas protegidas", algo que ha argumentado con la "falta de apuesta" en este ámbito que, en su opinión, demuestran las cuentas de la Xunta para el año que viene.

También ha confrontado las acciones del Gobierno central en esta materia con las de la Comunidad Autónoma, a la que ha atribuido "20 meses sin movilizar un sólo centímetro para vivienda protegida".

En el turno de cierre, Román Rodríguez ha recriminado a Táboas "falta de autocrítica" y "echar balones fuera" con las acusaciones al PP de "neoliberalismo", al tiempo que ha aclarado que lo que su iniciativa solicita "no es que se reduzca" el límite reservado para la construcción de este tipo de viviendas, sino que se revise: "A lo mejor en algunos ayuntamientos hay que subirlo", ha concluido.