La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, ha inaugurado este jueves el I Congreso Andaluz de Calidad e Innovación Social, organizado por la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (Faecta), del que ha dicho que "quiere poner de manifiesto el papel determinante y fundamental que la economía social está jugando en el desarrollo y aplicación de la Ley de la Dependencia".

En declaraciones a los medios, Navarro ha destacado "hasta qué punto ese compromiso de la economía social está siendo posible en la generación de empleo, además de los servicios de calidad en los que estas jornadas se van a centrar". "En Andalucía la Ley de la Dependencia no solo está dando respuestas a las familias andaluzas y a la personas dependientes, sino también al mismo tiempo generando empleo", ha señalado.

En este sentido, la consejera ha informado de que "son más de 45.000 empleos los que se han generado hasta este momento a través del desarrollo de la Ley", y ha señalado que, atendiendo el número de personas relacionadas con el sector sociosanitario, en Andalucía "son más del doble dadas de alta en la seguridad social que a nivel nacional, donde el dato es de un 7 por ciento, respecto al 14 por ciento de hace unos meses en la comunidad andaluza".

"Creo que este dato es una forma de demostrar hasta qué punto el Gobierno de Andalucía está apostando por el desarrollo de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, y al mismo tiempo apostando para que parte de esos servicios profesionalizados se presten a través de la empresa de economía social".

Durante el Congreso, Faecta ha reivindicado ante Micaela Navarro la "necesidad" de incluir cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos administrativos promovidos por la Administración andaluza. El sector de las cooperativas solicita que el cumplimiento de las cláusulas sociales sea considerado como un elemento de revalorización de las empresas en las licitaciones públicas, frente a aquellas que no cumplen estos criterios.

Así, para apoyar la profesionalización del sector de la dependencia, desde Faecta se considera "imprescindible" impulsar políticas sociales basadas en las gestión profesional de prácticas responsables, centradas en los servicios que afectan a las necesidades básicas de la ciudadanía, entre las que están la asistencia a las personas en situación de dependencia. En este sentido se piden que se tengan en cuenta en la contratación con la Administración andaluza criterios como el compromiso social, la inclusión de colectivos en riesgo de exclusión y la asunción de la perspectiva de género.

La aceptación de estas reivindicaciones "no supone un coste añadido para la administraciones públicas y sí un beneficio y un impulso para el sector cooperativo como catalizador de emprendedores y generador de empleo aún en tiempos de crisis", se apunta desde Faecta.

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