El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado que la posición de Castilla-La Mancha ante la nueva Política Agraria Común (PAC) 2013-2020 es la de defender su carácter comunitario "con el suficiente respaldo financiero" y que se oriente "cada vez más hacia los agricultores profesionales".

Preguntado por el borrador que maneja el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM) sobre la nueva Política Agraria Común, durante una rueda de prensa, Martínez Guijarro ha indicado que en la región ya se está hablando con las organizaciones agrarias para trasladar al Ministerio no solo la opinión del Gobierno sino la suya también.

En este ámbito, Castilla-La Mancha incluso se ha ofrecido a celebrar unas jornadas de participación en los meses de febrero o marzo de 2011 para escuchar de primera mano a todos los implicados "y confirmar entre todos ese criterio", ha indicado el consejero.

El titular de Agricultura y Medio Ambiente ha destacado que la PAC deberá, además, atender a las zonas más desfavorecidas del territorio de la Unión Europea y tener las políticas de desarrollo rural como segundo pilar de la política comunitaria.

Ha reconocido que a nivel europeo, entre los países, hay intereses "que pueden ser contrapuestos", pero ha destacado que uno de los temas fundamentales es que, al menos en el borrador, aparece el término "agricultores en activo", una traslación de lo que en Castilla-La Mancha se conoce como "agricultor profesional", que son a los que hay que "apoyar y mimar".

Cobro de los anticipos

De otro lado, a preguntas de los medios por el retraso que según ASAJA Ciudad Real se ha producido en los anticipos del pago único de la PAC entre algunos agricultores y ganaderos de la región, el consejero ha indicado que "en esa organización ha habido un problema de comunicación interna", ya que él mismo explicó las condiciones para el pago, del que se beneficiarán 87.000 agricultores.

Martínez Guijarro ha informado de que aquellos agricultores cuya cuantía a pagar sea menor a 200 euros —unos 35.000 en toda la región— no se les puede pagar el anticipo, al igual que tampoco a aquellas personas cuyos expedientes tengan incidencias.