Un ciudadano dominicano residente ilegal en España, identificado por las iniciales C.M.H.V., ha negado que haya traficado con drogas, aunque su mujer, la ciudadana española C.V.C., ha declarado que creía que él si se había dedicado a esta actividad.

En la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha comenzado este martes el juicio contra estas dos personas, a las que el fiscal ha acusado de sendos delitos contra la salud pública, por los que solicita cinco años de cárcel para el hombre y cuatro años de prisión para el mujer.

Las investigaciones sobre este caso se culminaron el día 19 de noviembre de 2009, cuando, tras varios meses de seguimientos y control de llamadas telefónicas, se descubrió en el trastero de la vivienda que compartían 155 gramos de cocaína, con una pureza del 10,1 por ciento.

La droga, según el escrito de acusaciones, se la proporcionarían al acusado personas no identificadas residentes en Murcia y que, luego, él la vendería a personas de poblaciones ciudadrealeñas como Puretollano, Piedrabuena, Torralba o Pozuelo de Calatrava.

En la primera sesión del juicio, que continuará este miércoles, el hombre ha reconocido que consumía droga, pero ha negado que la vendiera y ha dicho que viajaba a Murcia porque allí vivía un hermano y otros familiares, a la vez que indicaba que, con el paquete hallado en el trastero, le habían "engañado".

Ha señalado que la droga que compraba a veces era para su uso y el de sus amigos "cuando íbamos de fiesta" y ha rechazado que su mujer tuviera conocimiento de ello.

Creía que sí vendía

Por su lado, la mujer, que era la única que aportaba ingresos a casa, con un sueldo como cuidadora de enfermos de Alzheimer, ha reiterado, tal como hizo ante la Policía y el juzgado, que creía que su marido vendía droga,

Asimismo, ha confirmado que ella nunca tenía acceso al trastero y que sólo recogía las llamadas de los supuestos compradores cuando él le instaba a hacerlo porque no quería ponerse.

Por su lado, el abogado del hombre, Ramón Alén, ha preguntado al acusado si la reiteración de llamadas que recibía de un supuesto comprador, del que dijo que podía ser un confidente policial, podrían tener relación con la voluntad de inculparle.

Este abogado pide la libre absolución para su defendido, por falta de pruebas por la poca calidad de la droga incautada, ya que no se podría considerar sustancia peligrosa para la salud, o en su defecto, una reducción de la petición de pena por considerar que puede ser un "delito provocado".

A su vez, el abogado de la mujer también pide su libre absolución o, en su defecto, ha avanzado que solicitará una pena menor de dos años, para que no tenga que ingresar en prisión, por un delito en grado de cómplice.