La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres de varias nacionalidades liderada por un hombre español, T.P.C., que tenía negocios en Santander, Albacete, Alicante y Zaragoza.

Hasta el momento, los funcionarios del cuerpo Nacional de Policía han practicado 31 detenciones por delitos de trata de seres humanos, prostitución y asociación ilícita, y falsedad documental (12 en Zaragoza), resultando, además, 9 personas detenidas por infracción a la Ley de Extranjería (3 en Zaragoza), en el marco de la Operación Lapacan, que se mantiene abierta y dentro de la que no descartan nuevas detenciones.

Según ha informado la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en enero de 2010 y gracias a la estrecha colaboración entre autoridades rusas y españolas, se tuvo conocimiento de la existencia de una organización dedicada a la trata de seres humanos con destino a la explotación sexual en locales de alterne en la provincia de Santander, donde un ciudadano ruso, en connivencia con uno español (T.P.M.), mantenía bajo su control a mujeres de diversas nacionalidades.

T.P.M., junto con más miembros de su familia, había establecido un entramado de alrededor de 35 sociedades, con el fin de ocultar y dar salida a los beneficios económicos obtenidos de esta actividad ilícita, que se extiende a otras provincias, entre ellas Zaragoza, ciudad donde mantiene el control mediante testaferros de cinco clubes donde se ejerce la prostitución, al igual que en Alicante y en Santander, además de estar realizando las últimas gestiones para la apertura de otro club en Albacete.

El entramado de empresas y su incursión en el mundo inmobiliario ha permitido mantener su actividad oculta para los organismos oficiales, si bien el principal cabecilla (T.P.M.) es conocido entre sus vecinos como persona de gran poder adquisitivo y con diversos contactos en todos los estamentos de la sociedad. Tras varios meses de investigación y coordinados desde la Comisaría General, las diversas plantillas implicadas han podido identificar a la mayor parte de los miembros de la organización. OFERTA

La oferta que se hacía a las mujeres era que, si se desplazaban a España, ganarían 5.000 euros al mes si sólo alternaban y el doble de esta cantidad si practicaban sexo con los clientes. En el caso de alternar, debían ir bien vestidas y procurar que sus copas no contuvieran alcohol, para evitar terminar embriagadas.

Además, se les imponía como condición que, en los tres primeros meses de trabajo, debían entregar en el club donde iban a trabajar la cantidad de 1.600 euros y que, si deseaban continuar más de tres meses en el club, tendrían que abonar 200 euros mensuales. Aceptadas las condiciones, debían entregar sus pasaportes y 50 euros para la obtención del visado, unos trámites que se prolongaban durante dos semanas, aproximadamente.

Así mismo, los responsables del club prohibían a las mujeres, cuando hablan por teléfono, que dijeran dónde se encontraban ni a qué se dedicaban, mientras que los responsables en Rusia tomaban todos los datos de filiación de las víctimas y les advertían de que debían pagar la deuda si no querían tener problemas, ellas o sus familias. También se les indicaba que, si eran interrogadas por la Policía en España, no dijeran nada, porque si no podrían tener también problemas.

En los locales se imponían unas normas muy severas que llevaban aparejadas multas por no presentarse a trabajar, por llegar tarde, por tener discusiones entre ellas o por pegarse, además de que era habitual el consumo de drogas como medio de control de las mujeres para anular su voluntad y crearles dependencia y poder manejarlas con menor resistencia.

Incluso, les consta a los investigadores la tenencia de armas de fuego, tanto para defenderse de sus propios ajustes de cuentas, como para intimidar a las chicas, tal y como se ha podido comprobar con la localización de cinco armas de fuego cortas y dos simuladas, así como abundante munición, no en el caso de Zaragoza.

Blanqueo de capitales

Dado el cariz que adquiría la investigación y desde la propia sede judicial, se amplió la misma al delito de blanqueo de capitales y la Dirección Adjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera de Santander inició las pesquisas necesarias para determinar los bienes que manejabs la organización, lo que puso de relieve el entramado societario que habían establecido para, de una manera semilegal, ocultar o dar salida al dinero generado en la explotación de las mujeres mediante los clubes en los que se ejercía la prostitución.

Gracias a la actuación coordinada del Cuerpo Nacional de Policía y Vigilancia Aduanera, se pusieron en manos de las autoridades judiciales datos que revelaban los diferentes sistemas de ocultación de bienes y su destino final, permitiendo de esta manera que la Autoridad Judicial dispusiera la suspensión de actividades de las sociedades encartadas y la clausura temporal de los establecimientos en los que las víctimas ejercían la prostitución.

También se ordenó el embargo y bloqueo de posiciones bancarias y bienes inmuebles a nombre de las personas físicas y jurídicas encartadas, fruto de la actividad delictiva, lo que permitirá asegurar las responsabilidades pecuniarias a que hubiera lugar, así como el resarcimiento de las víctimas.

En el desarrollo del operativo han participado 150 funcionarios de las distintas especialidades policiales, así como efectivos de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de Santander. Se ha identificado a un total de 71 mujeres, 38 en Zaragoza.

En los 17 registros practicados en las distintas ciudades españoles, 6 de ellos en Zaragoza —cuatro clubs, una casa de citas y un domicilio particular— se han intervenido 92.441 euros en efectivo, tres billetes falsos de 200, 100 y 50 euros, cinco armas de fuego cortas, dos armas de fuego simuladas, pequeñas cantidades de sustancia estupefaciente, nueve vehículos, diverso material informático y numerosa documentación relacionada con su actividad ilícita.