La Unión de Consumidores de Castilla-La Mancha (UCE) ha reclamado la eliminación del canon digital por considerar "abusivo" repercutir el cobro de dicha tasa en los consumidores.

Así lo ha indicado UCE en nota de prensa, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declara ilegal el cobro del canon para los aparatos y soportes de reproducción comprados por empresas y profesionales, algo que, no obstante, no es extensible a los particulares. De esta forma, UCE ha señalado que "se ha abierto el debate sobre la aplicación del canon digital en soportes informáticos y electrónicos".

Para la organización de consumidores, esta situación supone "un agravio comparativo para los ciudadanos que son víctimas de los abusos de las entidades gestoras de los derechos de autor". Además, ha asegurado que es necesario eliminar el canon digital porque es "injusto", ya que dicha decisión debe generalizarse al cobro de particulares.

UCE ha señalado que el TJUE no ha resuelto el litigio que se dirime actualmente en España sobre la aplicación o no del canon digital, sino que ha dado una respuesta concreta a un problema denunciado por una empresa.

Sin embargo, el pronunciamiento establece argumentos jurídicos "de gran interés" que abren el debate sobre la "ilegalidad de ese canon digital y el cobro abusivo", unas manifestaciones que, según UCE, siempre han mantenido las organizaciones de consumidores.

Así, la sentencia reconoce que, a tenor de la Directiva de 2001, que regula los derechos de autor y otros afines a la sociedad de la información, "el derecho exclusivo de reproducción de material sonoro, visual o audiovisual corresponde a los autores, artistas, interpretes y productores, aunque los Estados miembros puedan autorizar la realización de copias privadas a condición de que los titulares del derecho reciban una compensación equitativa, consistente en una retribución adecuada por la utilización de sus obras o prestaciones protegidas", ha indicado UCE.

Normativa española

La normativa española que adaptó el Derecho interno a la Directiva permite la reproducción de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente.

En este marco, los fabricantes, importadores o distribuidores deben abonar a las entidades de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual una compensación única, determinada para cada medio de reproducción, bajo la forma de "canon por copia privara".

Para la Unión de Consumidores de Castilla-La Mancha, el problema es que dicho canon se repercute al consumidor en el precio final que paga por el producto. Las tarifas actualmente vigente de conformidad con la Orden Ministerial aprobada en 2008, establece un canon digital en CD-RW de 0,22 euros por unidad; DVD-RW de 0,60 euros; y memorias de USB de 0,30 euros; así como de 12 euros para discos duros integrados o no en un equipo; 3,40 euros para grabadoras de CD-DVD; 10 euros para impresoras láser; y 197 euros para copiadoras, entre otros productos.

UCE ha afirmado que se ha desarrollado "una política poco acertada en la protección de la propiedad intelectual con la imposición del canon digital, ya que su aplicación ha supuesto un descenso de las ventas y la desaparición de pequeños comercios dedicados a la venta de material electrónico".

Las decisiones jurisprudenciales, para la organización de consumidores, "hacen necesario replantearse la necesidad de un equilibrio entre la gestión de los derechos de propiedad intelectual de aquellas personas o colectivos dedicados a la creación con la libertad de circulación de productos culturales, musicales, artísticos".

Por ello, han considerado "necesario" hacer una revisión jurídica en España sobre la aplicación del canon digital y las tasas "abusivas" que cobran las entidades de gestión de los derechos de autor.