Cantabria ha reforzado su coordinación con 16 comunidades autónomas mediante su adhesión a cuatro convenios de colaboración en materia de Protección Civil, extinción de incendios, menores, y caza y pesca.

El consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, ha ratificado la incorporación de la región a estos acuerdos, que se han impulsado en el marco del VIII Encuentro entre Comunidades Autónomas para el Desarrollo de sus Estatutos de Autonomía, celebrado esta semana en Santiago de Compostela.

En primer lugar, se establecen sendos marcos de cooperación interautonómico para la extinción de incendios y, por otro lado, en el ámbito de las emergencias y protección civil, se crea un mecanismo de colaboración en situaciones de grave riesgo aportando, en ambas situaciones, los medios materiales, humanos y económicos precisos.

Mediavilla ha resaltado la importancia de mejorar la cooperación de las autonomías en materia de emergencias, toda vez que los "riesgos actuales" exigen una mayor colaboración entre administraciones. A su juicio, en grandes emergencias y catástrofes "todos los medios son pocos y deben crearse sistemas de intervención perfectamente coordinados bajo una dirección única".

El consejero de Presidencia ha destacado que la colaboración entre organismos es una de las piezas esenciales de la política de Protección Civil del Gobierno de Cantabria y ha recordado, en este sentido, el protocolo de intervención que tiene el Ejecutivo con las comunidades limítrofes de Asturias y Castilla y León, colaboraciones que "son fundamentales para mejorar la seguridad aunando esfuerzos".

Contenido de los acuerdos

En virtud de los acuerdos suscritos, cada una de las 16 comunidades podrá solicitar al resto la ayuda material y humana que sea necesaria para controlar y extinguir un incendio forestal en su ámbito territorial. Esta petición se realizará a través de los Servicios de Emergencias 112 autonómicos.

Además, se constituyen zonas de ayuda inmediata en las áreas limítrofes de los distintos territorios, que abarcan desde la línea divisoria de las comunidades hasta una distancia de cinco kilómetros. Ante situaciones de incendio en estas áreas, los efectivos podrán actuar en la comunidad colindante sin necesidad de petición de ayuda, con el objetivo de impedir la propagación del incendio.

Del mismo modo, se organizarán programas específicos comunes de concienciación y sensibilización para la prevención de incendios forestales y se coordinará la vigilancia y la situación de las infraestructuras de prevención.

Según informa el Gobierno cántabro en nota de prensa, para el cumplimiento de este objetivo, las comunidades programarán proyectos, cursos y seminarios, intercambiarán información y prepararán al personal que participe en las tareas de prevención y extinción de incendios. EMERGENCIAS

En segundo lugar, se establece un marco de colaboración en materia de protección civil y emergencias. Las autonomías colaborarán en situaciones de grave riesgo aportando los medios materiales, humanos y económicos precisos, unas peticiones de ayuda y cooperación que se canalizarán también a través del Centro de Emergencias 112 de cada territorio.

En este ámbito, se desarrollarán programas específicos comunes de concienciación en materia de protección civil, orientados a la prevención y autoprotección, mediante la formación del personal, intercambio de documentación y la organización de campañas de comunicación.

Centros de menores

Por otro lado, Cantabria colaborará con las 16 autonomías que han firmado estos acuerdos en la ejecución de la responsabilidad penal de menores en el ámbito de las medidas de internamiento y medio abierto. En concreto, cada comunidad se compromete a facilitar al resto plazas en los centros o servicios para menores para la ejecución de la medida impuesta por el órgano judicial cuando acontezcan unos determinados supuestos.

Así, se facilitará una plaza en distinto territorio cuando quede acreditado que el domicilio del menor o el de sus representantes legales se encuentre en comunidad distinta de la correspondiente al Juzgado de Menores sentenciador, o bien se considere necesario un alejamiento del menor de su entorno familiar y social.

También, se articulan medidas de cooperación en el caso de que la entidad solicitante no disponga en sus centros de menores de una plaza adecuada al régimen o tipo de internamiento impuesto.

Por último, las comunidades firmantes reconocen recíprocamente en sus respectivos territorios las licencias de caza y de pesca en aguas interiores expedidas por las demás autonomías.

Este reconocimiento recíproco entre las 16 autonomías evitará que pescadores y cazadores se vean obligados a repetir los mismos trámites y gestiones administrativas en cada uno de los territorios donde deseen realizar su actividad. Al mismo tiempo, las distintas administraciones autonómicas ahorrarán esfuerzos y gastos, lográndose así una gestión más eficiente de los recursos públicos.