La Fiscalía ha solicitado imponer 15 años de prisión a un hombre que se aprovechaba de su condición de agente del Cuerpo Nacional de Policía para presuntamente agredir sexualmente a un niño de 15 años de edad en Las Palmas de Gran Canaria.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará el próximo martes (11.00 horas) el juicio contra F.P.S., acusado de tres presuntos delitos de agresión sexual, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público.

El fiscal detalla en su escrito que entre el mes de enero y el 19 de mayo de 2008 el procesado —de 52 años de edad y sin antecedentes penales— supuestamente "con la finalidad de obtener satisfacción a sus deseos sexuales", realizó "de forma continuada" tocamientos, así como otras conductas sobre un menor que tenía entonces 15 años de edad en un apartamento de su propiedad o incluso en el domicilio de sus padres.

En concreto, una primera vez le llevó al apartamento que posee en el Paseo de Las Canteras en la capital grancanaria, donde le dijo que se quitara la ropa y le puso una película pornográfica de relaciones entre homosexuales. Ante el rechazo del menor, el procesado emitió otro vídeo de las mismas características y obligó al menor a realizar prácticas sexuales.

Otro día le volvió a llevar al apartamento y presuntamente le forzó a lo mismo. Por último, en el domicilio de los padres del procesado, éste obligó supuestamente otra vez al menor, que estaba "atemorizado", según la Fiscalía.

Le amenazaba con deportarle

El hombre, que vivía en el mismo edificio que la víctima, "además de aprovecharse de la diferencia de edad, hacía ostentación de su condición de Policía Nacional, advirtiendo incluso al menor de que le iba a deportar o que le iba a meter porros en los bolsillos para meterlo en comisaría, lo que causaba el lógico temor en éste y le llevaba a acceder a las peticiones del procesado".

Por todo ello, la Fiscalía ha solicitado imponer a F.P.S. cinco años por cada uno de los tres presuntos delitos de agresión sexual. También reclama la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del afectado, acudir a su domicilio o lugar de estudios, así como comunicarse con él durante diez años por cada uno de los delitos. Por último, plantea que el acusado indemnice al niño con 12.000 euros.