El Gobierno de Navarra ha presentado siete alegaciones al anteproyecto de norma foral para la implantación de peajes a vehículos pesados del transporte de mercancías por la utilización de infraestructuras viarias en Guipúzcoa y pide la "no aprobación" de esta medida.

Al escrito de alegaciones presentado por el Ejecutivo se han adherido la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), la Cámara Navarra de Comercio e Industria, ANET y Tradisna. Con él se pretende que la norma "no llegue a ver la luz", según ha precisado en rueda de prensa la consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, Laura Alba.

La consejera ha censurado que Guipúzcoa "está haciendo oídos sordos al clamor que desde Navarra venimos haciendo en contra de esta norma". Y ha agregado que "no entendemos cómo una provincia puede tomar de forma unilateral una decisión de este calado con la repercusión que puede tener en el resto de los territorios no sólo limítrofes sino en todo el país".

Alba ha rechazado que la medida que se pretende adoptar en Guipúzcoa es "contraria" a lo acordado desde el Gobierno central. "Es muy complejo aceptar que un territorio vaya de forma tan clara en contra de la política de un país", ha indicado.

Así, la primera de las alegaciones presentadas dice que la trasposición al ordenamiento de Guipúzcoa de la Directiva 2206/38 CE del Parlamento europeo y del Consejo "puede interferir negativamente en el resto de las CCAA y especialmente en Navarra, limítrofe con Guipúzcoa".

La segunda dice que así Guipúzcoa "se manifiesta en contra de la postura defendida" por el Estado español y la tercera expone que el Gobierno navarro "ha manifestado pública y oficialmente su postura contraria a la implantación de la norma por parte de Guipúzcoa por entender que la misma perjudica directamente a su economía, sus exportaciones/importaciones y al sector del transporte y asimismo distorsiona los flujos de tráfico derivando una mayor carga de tráfico pesado a la red de carreteras de Navarra con el consiguiente perjuicio económico para su mantenimiento".

En otra de las alegaciones se expone que la implantación de dicha norma de forma unilateral por Guipúzcoa "obstaculizar indirectamente la libre circulación de bienes en el territorio español". Además se alega que la imposición de gravámenes a vehículos pesados de más de 3,5 toneladas se considera "discriminatorio" respecto al resto de vehículos.

Además, se censura que "en ninguna de las fases del proyecto se ha informado a Navarra ni al resto de las CCAA ni seguido los principios de coordinación y solidaridad que en opinión del Gobierno navarro han de regir el ejercicio efectivo de las potestades que ostentan las CCAA".

Desde el gobierno

La consejera de Transportes ha mostrado "cierta sorpresa" por parte del Gobierno de Navarra por que haya partidos que "en territorio guipuzcoano mantengan una postura y fuera de él, otra". "Es el caso del PNV, de Aralar... pero nos parece especialmente llamativa la postura del Partido Socialista", ha expuesto. En este sentido, ha rechazado la postura del PSOE en Guipúzcoa y ha reprochado al Gobierno vasco que "no ha salido en defensa de este asunto".

Laura Alba ha adelantado que ha solicitado reunirse con la secretaria de Estado de Transporte para pedirle que "políticamente tome las medidas necesarias y administrativamente". Según ha expuesto, el Ejecutivo foral seguirá actuando por la vía administrativa, por la vía judicial "si llega el caso" y por la vía política.

Según ha dicho la consejera, "no vemos el interés general de esta norma y aquí el único interés que vemos a corto plazo es el que pueda generarse en las arcas forales de Guipúzcoa".