El ex gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, imputado dentro del caso Ibatur, ha salido de la cárcel de Palma pasadas las 20.00 horas, después de que sus familiares hubiesen depositado en el Juzgado de la capital balear un aval inmobiliario, para pagar la fianza de 150.000 euros impuesta este miércoles por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola.

Así lo han informado a Europa Press fuentes judiciales, que han recordado que Alía llevaba en la cárcel desde el pasado 17 de julio, siendo la única persona imputada en un caso de corrupción que permanecía en prisión de manera preventiva.

Alía ha pagado la caución a través de un aval correspondiente a su vivienda, lo que le permite cubrir los 120.000 euros que debía pagar para recuperar la libertad, dado que ya abonó 30.000 euros en concepto de fianza para eludir su ingreso en prisión, después de que así lo decretara el juez el pasado 3 de julio.

Precisamente, la Fiscalía defendió, durante una vista celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial el pasado 30 de agosto, que Alía debía continuar ingresado en prisión sin fianza dado su elevado riesgo de fuga y de que interfiera en las investigaciones de este procedimiento, que indaga un presunto desvío masivo de fondos públicos desde la empresa pública durante la pasada legislatura.

En el marco de esta diligencia, llevada a cabo con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Alía para pedir su excarcelación, el fiscal Adrián Salazar mantuvo que el ex responsable del Ibatur podría alterar los distintos medios de prueba y sustraerse de la acción judicial a tenor de las penas que acarrean los numerosos delitos que se le imputan.

Delitos que se le imputan

En concreto, sobre Alía pesan un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, defraudación a la Administración, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales, tal y como consta en el auto que dictó en primera instancia el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, para desestimar el recurso de reforma que ya interpuso el encausado a través de su letrado José Ignacio Herrero.

El abogado, sin embargo, alegó en la vista que su patrocinado no aguarda ninguna intención de huir ni de destruir pruebas, e incluso ha presentado varios informes dirigidos a probar que no percibió dádivas por la concesión de contratos, en contra de lo que en su día declaró el propietario de la empresa Comunicación Creativa, Bartolomé Morey.

Y es que el publicista, quien percibió más de dos millones de euros de diversas contrataciones, confesó ante el juez haber pagado comisiones de un 10 por ciento a Alía bajo el apercibimiento de que, en caso contrario, no se le seguiría contratando, mientras que al también ex gerente del Ibatur, R.A., afirmó haberle pagado unos 12.000 ó 13.000 euros. Tras esta declaración, el pasado 17 de julio el juez procedió a decretar el encarcelamiento de Alía, quien hasta entonces se encontraba en libertad bajo fianza de 30.000 euros.

No obstante, ésta no es la única confesión arrojada en torno a la actuación presuntamente irregular de Alía, único imputado de la causa que ha ingresado en el centro penitenciario de Palma. Del mismo modo, funcionarios del Ibatur han llegado a aseverar que el ex gerente les instó a fraccionar contratos -menores de 12.000 euros para eludir el concurso público- pese a saber que "no se podía", siendo advertidos de que "si no te gusta, ya sabes donde tienes la puerta".