El defensor del Pueblo de C-LM reclama programas que faciliten el acceso al mercado laboral de los menores tutelados

El director general de Familia demanda un único criterio a la hora de determinar la edad de estos menores extranjeros no acompañados

El defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Cenzano, echa en falta la puesta en marcha de programas que ofrezcan formación y faciliten el acceso al mercado laboral de los menores tutelados por la administración regional, pues, a su juicio, el trabajo, contribuye a una mejor integración social.

Martínez Cenzano ha hecho esta recomendación durante su intervención en la el Seminario de formación profesional 'Menores extranjeros no acompañados y su protección internacional', que Save the Children ha celebrado en Toledo, y cuya intervención ha compartido con el director general de Familia, Hugo Muñoz.

El defensor del Pueblo, que ha admitido que su institución tiene "pocas" críticas que hacer a Castilla-La Mancha respecto al trato que dispensa a los menores tutelados, ha destacado el "automatismo" con el que responde la administración regional en este materia.

Al tiempo, ha recalcado el Programa de Autonomía desarrollado por el Gobierno regional dirigido a esos menores, que una vez cumplidos los 18 años dejan de tener protección y a los que se les ofrece residencia y una asignación económica hasta los 24 años para que puedan avanzar en su autonomía personal.

A nivel nacional, el defensor del Pueblo ha señalado que la Ley de Inmigración de 1999 es "buena", pero echa en falta un reglamento ante la diversidad de actuaciones que desarrollan las comunidades autónomas, porque ante todo, ha dicho, hay que proteger al menor.

Es por ello que Martínez Cenzano ha insistido en que sería "bueno" que quien se ocupa de defender al menor, como es el caso de la organización Save the children, pidiera al Gobierno central un reglamento sobre este concreto.

En otro orden de cosas, Martínez Cenzano ha pedido un cambio de cultura en política de inmigración, poniendo como ejemplo las diferentes visiones que sobre este mismo fenómeno tienen en un partido político, como es el caso del PP.

El defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha se ha hecho eco de la intención del presidente de Melilla de llevar a cabo un política de inmigración que tenga a la integración como columna vertebral, frente a la política de "denunciar al inmigrante ilegal" que propugna este mismo partido en Cataluña.

Cenzano, que ha defendido que "en este camino ha de prevalecer la humanidad", ha insistido en que es necesario un cambio de cultura hasta el punto de que los inmigrantes sean reconocidos como "españoles que no han nacido aquí".

Determinar la edad

Por su parte, el director general de Familia ha indicado que Castilla-La Mancha "no tiene gran afluencia de menores extranjeros no acompañados" en comparación con otras comunidades como Canarias, que sufre más directamente la llegada de inmigrantes, y que por tanto la región registra hay muy pocas peticiones de asilo.

Los que llegan, ha explicado Muñoz, principalmente de Marruecos y África Occidental, lo hacen en búsqueda de trabajo, de sus familiares, de documentación y también de protección.

Lo que ha echado en falta el director general de Familia es un único criterio a la hora de determinar la edad de estos menores extranjeros no acompañados, aunque ha añadido que gracias al proyecto Iconos, del SESCAM, se pueden realizar radiografías que en un plazo de 24 ó 48 horas permite conocer la edad de estas personas y así poder empezar la intervención.

Dicho esto, Hugo Muñoz ha asegurado que Castilla-La Mancha no ha repatriado a ningún menor, y que en 2007 fueron 127 los que llegaron a la región en esta situación; 117 en 2008; 76 en 2009, mientras que a día de hoy hay 69 menores en acogimiento residencial, sobre todo en los centros de Guadalajara y Toledo.

Visibilizar la problemática

Previamente, en la inauguración del seminario, la delegada de Save the Children para Castilla-La Mancha, Sara Varela, ha explicado que esta jornada forma parte de un ciclo en el que la organización y el Gobierno de Castilla-La Mancha han apostado por "visibilizar" la realidad de la problemática de la figura de asilo dentro de la protección internacional de los menores extranjeros no acompañados.

Ha indicado que estos menores proceden de países en conflicto o países con un sistema de protección nacional que no es lo "suficientemente sólido" para garantizar su protección, por lo que se ven obligados a recurrir a la figura de refugiado o asilo político en un tercer país.

Además, ha precisado la responsable regional de Save the Children, estos menores vienen de situación de "absoluta vulneración de sus derechos", pues han sido víctimas de conflicto armado, víctimas de tratas o de prácticas culturales dañinas, y por tanto necesitan huir de su país.

El problema, ha resaltado Varela, es que el número de menores en calidad de asilo o refugiados es muy bajo, pues en su gran mayoría no entienden que puedan acogerse voluntariamente a la protección internacional de otro país.

"Por eso es muy importante que el conjunto de las administraciones, los centros de menores, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las organizaciones implicadas, junto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para refugiados (ACNUR), visibilicen que a todo el personal posible le llegue la información, para facilitar la detección de los menores en los propios centros", ha concluido Varela.

En la apertura de este seminario también ha participado el delegado del Gobierno, Máximo Díaz-Cano que ha admitido que éste es un asunto "complejo", en el que hay que trabajar coordinadamente, "porque de lo que se trata es que prevalezcan los derechos que tienen como menores, sin olvidar del cumplimiento de las normas en un estado de derecho".

Para ello, ha indicado, es necesario desarrollar programas que permitan la integración de estos menores, a fin de evitar que se produzcan problemas, y sobre todo para evitar que se produzcan reacciones sociales de rechazo ante su presencia.

"Por ello, jornadas de este tipo son muy interesantes y necesarias, para que los profesionales que se dedican a la intervención con estos colectivos", sin olvidar que "la sociedad tiene que tener siempre la guardia alta en la defensa de la protección de los derechos de los menores, tanto si son extranjeros no acompañados, como si son nacionales".

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