La Consejería de Salud, a través de su Dirección General de Consumo, recomienda a la hora de adquirir vestimenta y artículos para disfraz comprobar que el etiquetado y las instrucciones de uso aparezcan en castellano.

Ante las cada vez más numerosas celebraciones con motivo de Halloween y la adquisición de este tipo de productos, la Administración autonómica aconseja que se extremen las medidas de prevención en caso de menores, de manera que seamos especialmente cuidadosos en seleccionar los productos que compramos para los más pequeños, y que deben ser adecuados para su edad.

Asimismo, debe poder identificarse de manera clara al fabricante del artículo en cuestión. La información sobre instrucciones de uso es esencial, ya que debe aportarnos las precauciones que debemos tomar, en su caso, en relación con el uso del producto.

Cuando este tipo de artículos van destinados a niños menores de 14 años tienen la consideración de juguetes, y se les aplica la legislación correspondiente a éstos, debiendo, por lo tanto, llevar el marcado CE, que es el símbolo a través del que el fabricante, o importador, en su caso, acredita que el artículo cumple la normativa establecida en materia de seguridad. En caso de que vayan destinados a personas mayores de 14 años, no son considerados juguetes, con lo que no han de llevar dicho marcado.

En lo que va de año 2010, se han detectado 106 artículos correspondientes a dos alertas que ya estaban incluidas en la Red de Alerta de Productos de Consumo, concretamente un disfraz de bruja-vampiresa (talla 5-6 años) y una máscara de Halloween.

El disfraz de bruja-vampiresa presenta un riesgo de asfixia al incluir un cordón funcional en la zona de la cabeza y el cuello y en la zona del pecho y el talle. Por su parte, en la máscara de Halloween la distancia entre orificios y la superficie de ventilación son inferiores a los requeridos por la norma y supone también un riesgo de asfixia.

En el conjunto de España, en 2010 se han notificado un total de 30 alertas (1 bigote postizo, una careta, 19 disfraces, ocho máscaras y un vestido de princesa) que presentaban riesgo de asfixia, estrangulación, incendio, intoxicación o quemaduras, de las que 5 han sido notificadas por Andalucía (1 bigote postizo, 2 disfraces y 2 máscaras).

En el caso del bigote postizo, de una máscara de pirata, y de una máscara de punky con gafas y pelo rosa, y un disfraz de pastor (talla 4-6 años), la duración de la inflamación es superior a 2 segundos después de la eliminación de la llama de ensayo y la distancia máxima entre el borde superior del área quemada y el punto de aplicación de la llama es superior a 70 milímetros, lo que supone un riesgo de incendio y quemaduras.

En el caso del otro disfraz, de pastora (talla 7-9 años), también existe riesgo de incendio y quemaduras, pero esta vez debido a que la velocidad máxima permitida de propagación de la llama es de 10 milímetros por segundo, y se ha medido una velocidad de 23,8 milímetros por segundo, con lo que se supera ampliamente el límite establecido.

Controles recientes

Precisamente, para el control de este tipo de productos, que ahora tienen una fuerte demanda ante la proximidad de celebraciones de Halloween, la Junta de Andalucía ha venido realizando durante el mes de septiembre una campaña de inspección de disfraces, caretas, máscaras y similares destinados a ser utilizados por menores de 14 años.

En dicha campaña se ha controlado tanto el etiquetado, como la composición de los artículos. En cuanto al control del etiquetado, 37 actas han resultado negativas y dos han sido positivas, con lo que sólo el cinco por ciento de los productos examinados presentaba algún tipo de irregularidad en su etiquetado. Otros doce controles de este tipo se encuentran aún en trámite.

Asimismo, de las siete tomas de muestra —3 disfraces, 2 máscaras y 2 caretas— de las que ya se tienen resultados, dos han presentado incumplimientos. Se trata concretamente de un disfraz de Popeye y de otro de Superman, que incumplen las normas sobre inflamabilidad. Se está a la espera de conocer el resultado de los análisis del resto de tomas de muestras hasta las 44 realizadas en dicha campaña.

Sistema rápido de intercambio de información

La Red de Alerta es un sistema de intercambio rápido para la comunicación y el intercambio de información por vía telemática para la detección y localización de productos inseguros. Las comunidades autónomas, el Instituto Nacional de Consumo (INC) y la Unión Europea son los tres niveles en los que funciona esta red.

De este modo, cuando una comunidad o cualquier miembro de la Unión Europea localiza un producto que presenta riesgo para la seguridad de las personas, lo comunica al INC que, a su vez, se encarga de transmitir la información al resto de comunidades autónomas y a la Comisión Europea.

La Junta de Andalucía, por su parte, traslada las notificaciones recibidas del INC y las propias de la comunidad andaluza a las diferentes provincias (a sus respectivos servicios de Consumo) y a los municipios con competencias en Consumo para intercambiar rápidamente información sobre las medidas adoptadas, las medidas oportunas a tomar (localizar el producto, inmovilizarlo, retirarlo e incluso destruirlo), y realizar un seguimiento de las mismas.

Los inspectores de Consumo de la Junta tienen entre sus cometidos el control del etiquetado y la toma de muestras de productos que pudieran presentar algún tipo de anomalía en relación con la normativa de seguridad para un uso adecuado y sin riesgos. Dentro de esta labor, los técnicos intensifican la supervisión de aquellos productos que pudieran ir destinados a menores de edad, al tratarse de un colectivo de especial protección y prioridad, así como de los establecimientos que venden mayoritariamente productos importados de fuera de la Unión Europea.

Durante el año 2009, se notificaron a la Red de Alerta un total de 34 artículos de disfraces, máscaras, antifaces y productos similares, de los que cinco se introdujeron en este sistema común de intercambio de información a instancias de Andalucía.

Para cualquier consulta, la Junta tiene a disposición de los usuarios el Teléfono de la Persona Consumidora (900 84 90 90), al que pueden plantear todo tipo de asuntos relacionados con los temas de consumo.