Las organizaciones Greenpeace, WWF, SEO/BirdLife y Amigos de la Tierra han mostrado su oposición al proyecto de instalación de una Terminal de Contenedores en el Gorguel 8Cartagena), así como su Zona de Actividades Logísticas anexa.

Según las fuentes, el Proyecto de Instalación de una Terminal de Contenedores en el Gorguel y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) anexa "ponen en grave peligro una zona con altos valores ambientales, culturales, sociales, geológicos y mineros".

Hasta el punto, han destacado, que "este impactante proyecto amenaza con destruir unos de los tramos más valiosos de la costa murciana, puesto que el Gorguel cuenta con protecciones a nivel europeo que forman parte de la Red Natura 2000".

Es el caso de la LIC y ZEPA de la Sierra de la Fausilla, con la presencia de camachuelo trompetero, halcón peregrino, águila perdicera y búho real, todas ellas protegidas; y la LIC de Medio Marino con la presencia de coral anaranjado del Mediterráneo y Posidonia oceánica.

Además, la Cala del Caballo y la Cala y Barranco del Gorguel son LIG (Lugar de Interés Geológico) de gran valor, BIC por su relevancia cultural, a favor del Yacimiento Arqueológico Playa de El Gorguel, Patrimonio minero de la rambla del Avenque y del Gorguel, que conforman dos conjuntos de gran valor cultural dentro del paisaje industrial de la Sierra Minera.

A pesar de ello, la Autoridad Portuaria de Cartagena y el Gobierno regional, han lamentado, "se empeñan en destrozar este bello paraje cuyos valores hablan por sí mismos, desoyendo la oposición de colectivos vecinales, ambientales y sociales de la Región".

En esta misma línea, han expresado su repulsa a "la injustificada sanción que se pretende imponer a Ecologistas en Acción por una acción pacífica y simbólica de protesta contra el puerto". Y es que, en el marco de la campaña contra la construcción del Gorguel, Ecologistas en Acción realizó una acción frente a la Autoridad Portuaria de Cartagena en verano de 2009.

Por dicha acción se pretende sancionar a Ecologistas con una suma de 8.000 euros por cada persona que participó en la protesta pacífica.