El PP andaluz ha decidido iniciar la tramitación de un conflicto "en defensa de la autonomía local" ante el Tribunal Constitucional (TC) y emprender cuantas acciones judiciales procedan para instar la nulidad de la Ley de Aguas de Andalucía, solicitando igualmente la suspensión de su aplicación.

Durante su intervención ante los medios antes de presidir el Comité de Alcaldes del PP andaluz, el presidente del PP-A, Javier Arenas, ha indicado que su formación presentará un recurso frente a los nuevos impuestos que el Gobierno andaluz ha creado en torno al agua y que tendrán un coste político para los alcaldes, puesto que serán los ayuntamientos quienes tengan que hacerse cargo de este cobro.

Asimismo, según ha explicado la diputada y portavoz en materia medioambiental del PP-A, Carolina González Vigo, además de la interposición del citado recurso, la formación ha solicitado, de forma paralela, el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía al respecto, al tiempo que pedirá a los ayuntamientos que informen a sus ciudadanos sobre la realidad de esta normativa.

González Vigo ha indicado que esta ley tiene un claro "afán recaudatorio" y el PSOE cuenta con un déficit inversor de 2.500 millones en política hídrica y de obras de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas en el horizontes de 2015, "por lo que ha decidido que la recaudación que necesita la asuman los ayuntamientos".

"La ley lesiona el principio de autonomía local consagrada en la Constitución y atenta tanto al reparto competencial con la atribución de cánones que no le corresponden a la comunidad autónoma sobre las corporaciones locales, como en lo que afecta a la reserva de ley, porque hay elementos muy sustanciales de los cánones que deben estar regulados por ley y no por futuros desarrollos reglamentarios como pretende el PSOE", ha explicado la diputada andaluza.