El contenido de este escrito fue dado a conocer esta mañana ante los medios por parte del secretario de Organización de la USO, Eduardo Delgado, y por el representante del Sindicato Independiente Canario (SIC), Joaquín Grande, encargados de presentar el documento en la Sede de Presidencia del Gobierno en la capital tinerfeña.

Para el secretario de organización del sindicato USO, este anteproyecto de ley "no da respuesta a la consolidación de los puestos de trabajo de los empleados públicos y tampoco a la evaluación de desempeño" y "está tratando de una manera sesgada a cuestiones que van a afectar a todas las administraciones públicas sin contar con ellas".

Además, ha advertido que "se están poniendo en peligro cientos de puestos de trabajo de personal público que está fijo, dado que con el desarrollo de esta ley pasarían a ser funcionarios interinos, con lo cual, viene a ser un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) encubierto para amortizar plazas de personal laboral".

Por parte del Sindicato Independiente Canario (SIC), Joaquín Grande ha explicado que a través de este escrito se reivindica "una administración objetiva, con una evaluación transparente de los empleados públicos para que no se beneficie a 'los amigos de' y que los dineros se empleen con justicia y equidad", de manera que "ni en los ayuntamientos, ni en los cabildos, ni en la administración autonómica exista una corte de asesores formada por pelotas, dado que los empleados públicos deben estar para servir con objetividad al bien público".

A través de esta ley, advirtió Joaquín Grande, se corre el riesgo de que "toda esta tropa de asesores puedan entrar en la administración pública por la puerta de atrás como pseudodirectivos públicos, sin examen, con un sueldo secreto porque no tendría que aparecer en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y sin ser evaluados; si bien, ellos podrían evaluar a los demás con unos criterios que no se han fijado", de ahí de la iniciativa sindical.

Además de la paralización del anteproyecto de ley, los sindicatos que conforman la plataforma —USO, SIC, Cobas, CSIF, Sipal y STAP-Canarias— han solicitado en su escrito la apertura de un "amplio" debate en el que formen parte todos los sindicatos con representación en la administración local e insular, los cabildos y los ayuntamientos, así como que se contemple una serie de medidas correctivas que las centrales sindicales ya han hecho llegar a Presidencia del Gobierno y a la Dirección General de Función Pública.