El Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública de Castilla-La Mancha tiene 29.720 personas inscritas a fecha de hoy y unas 70.000 han pasado ya por él desde que se creó en 2008, según ha avanzado la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana en el Consejo de Gobierno.

El proyecto de Ley de Garantías en el Acceso a la Vivienda en Castilla-La Mancha ha sido uno de los acuerdos de la reunión de la presente semana, norma que tiene el objetivo de hacer efectivo en la región el derecho constitucional de todos los ciudadanos a una vivienda "digna y adecuada", según ha concretado la portavoz.

A través de esta nueva ley, el Gobierno regional garantizará a todos los ciudadanos de la comunidad, inscritos en el Registro de Demandantes, el derecho a ser adjudicatarias de una vivienda con algún tipo de protección pública, acorde con sus necesidades, en el área geográfica solicitada y según su capacidad económica, en un plazo de no superior a un año desde la fecha de inscripción válida en dicho registro.

En el caso de no cumplirse ese plazo, según ha dicho Rodríguez, se determinará una ayuda económica como garantía de cumplimiento de esta ley. El importe de la garantía se establece como la diferencia entre la renta mensual del alquiler de una vivienda y el coste de la cuota mensual por compra de una vivienda protegida. Esta cuantía se modulará considerando el precio medio del alquiler de la zona y la superficie de la vivienda.

Entre los requisitos para acogerse a la Garantía de Acceso a la Vivienda destacan llevar inscrito al menos un año en el Registro de Demandantes, tener cumplidos 22 años, estar empadronado en la región, disponer de una fuente de ingresos, no superior a 2,5 veces el IPREM, y la obligación de participar en procesos de adjudicación de viviendas protegidas.

La portavoz de la Junta también ha resaltado que en mayo de 2008 un total de 53.500 personas estaban inscritas en el Registro de Demandantes, siendo la media de 48.000 durante ese año. Cuando en julio de 2010 se presentó al Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda, en ese momento el número de inscritos había descendido a 36.000 demandantes.