El PP ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto-ley de reordenación del sector público andaluz ya que a su juicio supone un "atropello y vulneración" de los derechos de los funcionarios y personal laboral de la Junta de Andalucía, que, además, pretende perpetuar en la Administración a quienes han entrado en ella por el "amiguismo y enchufismo" del PSOE.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, y el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, arropados por una decena de diputados andaluces, acudieron al alto tribunal este miércoles para registrar un recurso de inconstitucionalidad que pretende "defender el derecho de todos aquellos que con su mérito y capacidad han trabajado para obtener puesto en la función pública", ha explicado la portavoz parlamentaria.

A su juicio, el recurso ampara la igualdad de oportunidades de cualquier español y andaluz a la hora de acceder a un puesto de trabajo, la lucha contra el enchufismo y los nombramientos "a dedo" por vinculación política y la necesidad de garantizar la legalidad en el cumplimiento de las funciones públicas.

En la misma línea, Sanz ha asegurado que la ley quiere perpetuar que "25.000 personas que han entrado enchufados por el PSOE permanezcan para siempre" en la Administración ejerciendo competencias que son "exclusivas" del personal funcionario. "Sería personal adscrito a derecho privado quienes ejercerían potestades públicas", ha censurado.

Además ha hecho mención a que el decreto causa desigualdad en el acceso a función pública porque impediría que muchos andaluces puedan acceder a la función pública en condiciones de igualdad. "Significa un retroceso a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades, los derechos de los funcionarios pero también una fórmula del PSOE para perpetuar ahora y después de que pierdan el poder a todos aquellos enchufados y amigos que han entrado por amiguismo", ha insistido.

Así las cosas, el dirigente 'popular' ha censurado que en Andalucía haya "todo un entramado de administración paralela" que cuesta a los andaluces más de 5.000 millones de euros, cantidad que a su juicio contrasta con los "1.200 millones de euros que reciben los ayuntamientos andaluces".

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