El abogado defensor del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz, Fermín Morales, ha vaticinado este miércoles que "los eslóganes iniciales" y las "letras grandes que presidían" la investigación sobre la 'operación Pretoria' "no van a existir probablemente porque en líneas generales se ha respetado la legalidad en la actuación del Ayuntamiento".

Así lo ha indicado después de que dos peritos de la Intervención General del Estado ratificaran ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz un informe parcial sobre las principales operaciones urbanísticas que habría realizado la presunta trama de corrupción liderada por el ex diputado del PSC Luis García, 'Luigi'.

"Del informe no se derivan irregularidades que tengan relevancia penal", ha asegurado el letrado antes de criticar al juez Baltasar Garzón por adoptar, en referencia a los ingresos en prisión que decretó, medidas "innecesarias y costosas en la limitación de los derechos de las personas, que suponen arruinar la vida de las personas".

En una línea similar se ha manifestado el letrado del ex gerente del Institut Català del Sòl (Incasòl) Emili Mas, Joan Castelló, quien ha indicado que a la Fiscalía "se le ha complicado la cosa" porque, al menos en lo relativo a su cliente, "se está demostrando que su actuación fue absolutamente correcta". "De una corrección inmaculada", ha apostillado.

El informe parcial ratificado ante el juez Ruz analiza las operaciones 'Pallaresa', que se desarrolló en Santa Coloma de Gramenet, y 'Niesma', que tuvo lugar en Sant Andreu de Llavaneres. El magistrado también está a la espera de recibir un informe de la Agencia Tributaria sobre las obras de arte que había adquirido el líder de la trama.

20 IMPUTADOS

Ruz mantiene la imputación a 20 ex altos cargos y empresarios en el 'caso Pretoria', en el que se investigan las actividades urbanísticas de los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, un año después de que se produjeran las primeras detenciones.

La operación policial, que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009, destapó una presunta trama de corrupción que se saldó con la detención de nueve personas, entre las que se encontraban el ex diputado del PSC Luis García, presunto líder del grupo; el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Un año después, todos ellos se encuentran en libertad bajo fianzas de hasta 500.000 euros y otras medidas cautelares.

La investigación, que se encuentra muy avanzada, según las citadas fuentes, dejó de ser secreta en mayo pasado. En la actualidad cuenta con 38 tomos en la causa principal (unos 13.500 folios), 9 piezas separadas de situación personal y otras dos sobre la gestión de la empresa Gramepark y las medidas cautelares que continúan vigentes y cinco tomos sobre comisiones rogatorias.

A este respecto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 está pendiente del cumplimiento de las solicitudes judiciales que libró a Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, Portugal y Costa Rica para seguir el rastro de las actividades financieras de los imputados.

últimas diligencias

Las actuaciones que se siguen en la Audiencia Nacional con motivo de esta causa (Diligencias Previas 372/09) se reanudarán este miércoles, con la declaración de dos interventores que tienen previsto ratificar los informes periciales que presentaron ante el juez.

El magistrado interrogó el pasado día 5, a través de una videoconferencia con Andorra, al imputado Phillip McMahan Bollich, presunto testaferro de Macià Alavedra. Ese mismo día tomó declaración como testigo al periodista Gorka Landaburu para preguntarle por la relación empresarial que su sociedad, Aldaketa Euskadi, tuvo con algunos de los imputados en la trama.

Además, el 27 de julio pasado Ruz dictó un auto en el que desestimaba la mayoría de recursos de reforma interpuestos por las defensas de los imputados contra distintas diligencias de la instrucción que había llevado a cabo su antecesor, el juez Baltasar Garzón. De igual modo, rechazó inhibirse parcialmente en favor de juzgados de Mataró y Badalona, tal y como pidieron los abogados de Alavedra y Prenafeta.

Agujero en los tres ayuntamientos

Las actividades de los imputados provocaron que los tres ayuntamientos implicados dejaran de ingresar 44,7 millones de euros, según constaba en el auto de prisión dictado por el juez Baltasar Garzón, que imputó a los principales procesados en la trama los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal y blanqueo de capitales.

En la investigación también están imputados el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco; el ex gerente de los servicios municipales de la localidad Pasqual Vela y los empresarios Manuel Carrillo, Josep Singla y Lluís Casamitjana, todos los cuales se encuentran en libertad bajo fianza.

También se encuentran imputados las esposas de Alavedra y Prenafeta, Doris Malfeito y Lluïsa Mas, respectivamente; el presunto testaferro del primero, Philip McMahann; el ex gerente del Institut Català del Sòl (Incasòl) Emili Mas; Víctor Ros (PP), ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona); el ex concejal de Urbanismo de de la localidad, Antoni Jiménez (PSC) y Genís Carbó, ex director de Política Territorial en gobiernos de CiU y ex concejal de la formación en Mataró.

Completan la relación de encausados el consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido, y el ex gerente de Proyectos del Ayuntamiento de Santa Coloma, Lluís Falcón; y Gloria Torres, titular en Andorra de una cuenta bancaria de Alavedra.