La Asociación para Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), ha vuelto a reclamar la cogestión del complejo museístico de Altamira tras conocer que, "de nuevo", la Dirección del Museo "actúa al margen de la legislación cántabra al iniciar unas excavaciones sin los permisos oportunos".

ADIC afirma en un comunicado que el Museo y Centro de Investigación Altamira "se comporta como una isla dentro de territorio cántabro", algo que "ni se puede consentir, ni se puede tolerar".

A su entender, situaciones como ésta no se deben "permitir", ya que Altamira es "la piedra angular" sobre la que se tramitó la ampliación del título de Patrimonio de la Humanidad a otras diez cavidades cántabras.

La asociación sostiene que, "en la globalidad de un Patrimonio de la Humanidad, una administración no puede actuar completamente al margen de las otras que gestionan, a su vez, el resto del patrimonio".

"La necesidad de coordinar políticas se hace imprescindible porque Altamira es también patrimonio de Cantabria y no puede ser tratada como un cortijo particular, fuera de la ley del territorio en el que se sitúa", defiende la asociación cantabrista.

Tras indicar que "no es la primera vez que esto ocurre", ADIC sostiene que las recientes excavaciones, —que no entra a valorar si "son o no necesarias"—, deben de estar "tuteladas por la legislación autonómica" e "inscritas en una política específica de actuación sobre nuestro patrimonio paleolítico, del que Cantabria es referencia mundial".

"Si cada administración hace la guerra por su cuenta, como reiteradamente viene demostrando el Ministerio, flaco favor hacemos a uno de los activos culturales más importantes de la humanidad", argumenta la agrupación.

A su juicio, el Patronato Altamira es "un paso adelante" para la participación de Cantabria en la gestión del complejo, pero "sólo previo para asumir realmente la gestión del entramado Altamira".

"La mejor manera de gestionarlo sería a través de un Organismo Autónomo de carácter administrativo dependiente de la Consejería de Cultura que contemple, a su vez, la participación del Estado, Ayuntamiento y otros organismos de prestigio", sostiene ADIC, que indica que este tipo de organización es "habitual" en el Estado respecto a otros bienes catalogados como Patrimonio de la Humanidad.

Recuerda en este sentido que, según el propio Ministerio de Cultura, se considera que la "participación activa" de las Comunidades Autónomas en los bienes de este tipo es "fundamental para estructurar políticas unitarias de promoción y conservación en los contextos geográficos y administrativos".