La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado el archivo de la querella presentada contra el vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Valencia, Esteban González Pons, por parte de la Federación Valenciana de Televisión, que denunció que se había incurrido en prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos en la adjudicación de diversas licencias de TDT al empresario José Luis Ulibarri, imputado en el 'caso Gürtel'.

La resolución dada a conocer este miércoles inadmite el recurso de súplica presentado por la citada Federación contra el auto del pasado mes de junio que sobreseyó inicialmente los hechos al considerar que no eran constitutivos "de ningún ilícito penal".

Ahora, el alto tribunal incide en que no se justifica la apertura de un proceso penal para investigar unos hechos que ya, desde el primer momento, "no se atribuyen al querellado aforado y no se presentan como verosímiles en cuanto que carecen de cualquier apoyo probatorio".

Añade que la querella presentada en su día carecía de "concreción alguna" de los hechos atribuidos al diputado popular, mientras que sí hacía referencias a otros procedimientos seguidos en otras instancias que, aunque el Supremo no cita, son los referidos a la trama 'Gürtel' que se investiga en los tribunales superiores de justicia de Madrid y Comunitat Valenciana.

"El recurso vuelve a insistir en la calificación jurídica de los hechos, sin aportar razonamientos complementarios con la postura mantenida en la querella interpuesta, por lo que sólo procede la ratificación en todo lo expuesto en el auto de esta Sala del pasado 30 de junio, ya que no es posible encontrar un apoyo fáctico o jurídico para modificarlo de conformidad con lo peticionado por el Ministerio Fiscal", señala el Supremo en referencia a la solicitud de archivo realizada por la acusación pública.

Trato de favor

El pasado mes de marzo, la Federación Valenciana de Televisión interpuso una querella contra Esteban González Pons en la que aseguraba que el 'popular', en su condición de conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Generalitat valenciana, había cometido diversos delitos, entre ellos prevaricación, al "favorecer" a Ulibarri en la adjudicación de licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) y de haber concedido "13 de los 18 permisos a empresas vinculadas a la trama (Gürtel)" .

Posteriormente, el fiscal, tras recibir las actuaciones, pidió a la sala del Alto Tribunal que resolviera si era competente para tratar el asunto y dictara "la oportuna resolución inadmitiendo a trámite la querella formulada por no ser constitutivos de delito los hechos en los que se fundamenta".

Así, la resolución determinaba que el Supremo sí es competente para conocer la causa, puesto que González Pons es diputado, si bien resolvió rechazar la querella por no ser los hechos que se señalan constitutivos de delito.

En este sentido, el auto hacía notar que la parte querellante defiende que González Pons actuó "de forma concertada con terceros y con la finalidad de favorecer los intereses de los mismos" pero "hecha esta afirmación no concretan los hechos en que se traducen las actuaciones concertadas que revelarían la comisión de los delitos, limitándose, por el contrario, a decir que realizó una serie de actos de carácter prevaricador, corrupto y de malversación de caudales públicos, dentro de un procedimiento administrativo, no indicando acción concreta alguna".

La Federación de Televisión también argumentaba que el ex conseller ejerció funciones delegadas por el presidente de la Generalitat al haber acordado la convocatoria del concurso público para adjudicar las licencias y que la consultora encargada de valorar las ofertas, Doxa Consulting SL, emitió un informe que, a su juicio, no se correspondía con los méritos de la propuesta efectuada por los querellantes.

En este sentido, el TS ya subrayó en su día que en esa actuación no consta que González Pons tuviera "intervención alguna" y añade que, en la única referencia a la resolución adoptada por él en su condición de conseller, consistente en la adjudicación del concurso —"aceptando la propuesta que se le realiza por la mesa de contratación y elevada por la Dirección General de Promoción Institucional", recalca— "no se dice que tuviera intervención alguna el aforado ni se describe en qué forma concretan los querellantes su intervención".

Consulta aquí más noticias de Valencia.