La acusación particular en el caso del secuestro del empresario de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Rafael Ávila, ha anunciado que solicitará un total de 32 años para el acusado de ser el supuesto organizador de los hechos, que mantuvo al empresario en junio de 2008 encadenado en una vivienda en Almonte (Huelva) y que fue considerado por la Policía como "el secuestro económico de mayor duración de los investigados en España" y en el que la víctima permanecía "en peores condiciones".

Según han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso, la acusación particular pedirá para el resto de imputados una total de 26 años y cinco años para otro más acusado de ser cómplice en los hechos que están pendientes de fecha de juicio a celebrar en la Audiencia Provincial de Cádiz.

Según explicó la Policía tras el rescate del empresario, la operación fue realizada de manera conjunta por investigadores de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, con el apoyo del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y otras unidades especializadas.

Los hechos comenzaron cuando el 2 de junio de 2008, Rafael Ávila se dirigía a recoger su vehículo al salir de su trabajo, siendo asaltado por "al menos tres personas". Una de ellas le agarró por la espalda y le obligó a introducirse en una furgoneta blanca sin ventanas. Los investigadores no disponían de ningún otro dato sobre este vehículo. Lo único que se supo en ese momento es que se dirigió hacia la salida de Sanlúcar de Barrameda.

Un día más tarde, sus familiares comunicaron su desaparición en extrañas circunstancias. Además, habían recibido varias llamadas solicitando un rescate de diez millones de euros, por lo que se activó el protocolo nacional de secuestros. El equipo de negociadores de Sevilla y especialistas del Grupo de Secuestros y Extorsiones se hicieron cargo de las investigaciones.

Llegaron a dudar de que permaneciera con vida

Las primeras indagaciones resultaron especialmente difíciles ya que los secuestradores dejaron de contactar con la familia e incluso se dudó de que la víctima permaneciese con vida. Después de una semana, se comenzó de nuevo a recibir llamadas y otras muestras de que Rafael se encontraba bien. La cantidad exigida por su liberación se fijó finalmente en dos millones de euros.

Los agentes lograron determinar que las llamadas estaban siendo realizadas desde Madrid y, después de complejas investigaciones, se pudo averiguar la identidad de su autor. A partir de ese momento se consiguió establecer e identificar a varias personas con las que se relacionaba y su posible vinculación con el rapto del empresario.

Uno de estos individuos mantenía reuniones profesionales con el secuestrado en relación con la transmisión de unas fincas y se desplazaba con frecuencia hasta su lugar de trabajo para interesarse, supuestamente, por la víctima. En realidad, su intención era saber de manera encubierta qué pasos estaba dando la familia para entregar el rescate o la posible actuación policial.

A medida que avanzaban las investigaciones, las pruebas obtenidas afianzaban la posibilidad de que se encontrarse retenido en las proximidades de Almonte. Diversos indicios apuntaban a que pudiera estar en un chalet de esta localidad, por lo que se solicitó el apoyo del GEO para salvaguardar la vida del secuestrado. La vivienda fue asaltada en la madrugada del día 18 de junio, liberando a Rafael, que estaba encadenado, y deteniendo a dos de sus captores.

Por su parte, la Fiscalía, según publica la prensa provincial, solicitará en el juicio que se celebrará en la Audiencia 28 años de cárcel para el acusado de ser el organizador del secuestro.

Consulta aquí más noticias de Cádiz.