Los trabajadores del servicio de recogida de basuras de Granada y la empresa concesionaria, Inagra, se reunirán este martes en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) para tratar de acercar posturas antes de que la entidad presente a la Junta un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, según los sindicatos, supone el despido de más de un centenar de trabajadores.

El encuentro entre las partes comenzará a las 11,00 horas y ha sido convocado a petición del comité de empresa de Inagra, que también ha invitado al Ayuntamiento de la capital como "parte interesada" en el conflicto, según indicaron a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz y de CCOO. Ambos coinciden en señalar que Inagra presentará previsiblemente el jueves este ERE si de la reunión del martes no sale ningún acuerdo.

Por su parte, fuentes de Inagra han confirmado que la dirección acudirá al encuentro con "ganas de dialogar" después de que hace unas semanas anunciara a sus empleados el desarrollo de un plan de viabilidad para reducir ocho millones de euros en costes a raíz de que el Ayuntamiento le rebajara su aportación anual en esta cantidad.

Hasta el momento, la empresa ha ofrecido al comité varias opciones para recortar este gasto, tales como despedir a más de un centenar de trabajadores o bajadas de sueldo de entre el 15 y el 45 por ciento, en función del puesto. Para los sindicatos estas condiciones "son impensables" y confían en que del encuentro del martes surjan otras alternativas menos traumáticas.

Además, el comité de empresa se muestra confiado en que la Delegación de Empleo de la Junta en Granada no aceptará este ERE por estar justificado en razones económicas que "no se sostienen", especialmente porque la empresa pertenece al grupo de Cespa y Ferrovial, que han tenido "cuantiosos beneficios en los pasados ejercicios", añaden.

Por su parte, los grupos municipales de IU y PSOE en el Ayuntamiento de Granada han reclamado en reiteradas ocasiones al consistorio que medie en el conflicto, al tratarse de un servicio público adjudicado a una empresa privada, además de por la deuda de 30 millones de euros que la entidad local mantiene con Inagra.

Los socialistas han exigido incluso un plan de pagos donde el Ayuntamiento se comprometa a afrontar la situación para evitar los despidos, aunque la entidad local ya ha avanzando que se trata de un conflicto laboral y, en principio, no prevé intervenir en el asunto.