La Asamblea Moronera Alternativa (AMA-Morón) ha elevado al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, una queja contra los decretos librados por la Alcaldía de Morón de la Frontera (Sevilla), para incoar un expediente sancionador contra la esposa del primer edil, Ana F.V, ante una "infracción urbanística" en las obras acometidas en el cortijo del matrimonio, requerir la "legalización" de tales trabajos contra del dictamen de la Fiscalía y denegar la personación de este grupo político en el citado procedimiento punitivo. Los independientes de Morón denuncian que el expediente sancionador no incluye al alcalde pese a ser titular de los suelos y es promovido por el propio regidor pese a que habría de abstenerse.

El escrito de queja, recogido por Europa Press, rememora que la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla había atisbado un posible delito contra la ordenación del territorio en las obras acometidas en la finca Zafra bajo la licencia de obras solicitada al Ayuntamiento de Morón de la Frontera, gobernado por Manuel Morilla (PP), por la esposa de éste, Ana F.V. Si bien el Ministerio Público había esgrimido la prescripción de los hechos a la hora de archivar las diligencias incoadas contra el primer edil, su cónyuge y el arquitecto municipal, advertía también de que es "indiscutible" que los trabajos superaban "notoriamente" lo autorizado y de que la construcción "no es legalizable". LIMITACIONES

Ante la denuncia promovida por la Asamblea Moronera Alternativa, el Ministerio Público rememoraba que la esposa del alcalde de Morón de la Frontera solicitó en febrero de 2004 una licencia para "rehabilitar una casa de campo" en dicha finca, petición que el 1 de marzo concedió el propio alcalde "previo informe del arquitecto municipal". No obstante, el informe técnico advertía de la "imposibilidad" de edificar sobre estos suelos merced a las normas urbanísticas, por lo que circunscribía las obras a tareas de "conservación y mejora", pero nunca a una "ampliación de instalaciones".

A tal efecto, reconocía la Fiscalía que la licencia concedida por el Ayuntamiento a Ana F.V. "establece claras limitaciones" para unos trabajos de exclusiva "mejora y rehabilitación y recuerda que el suelo "no es urbanizable". Por contra, un informe técnico de la Dirección General de Inspección y Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía resuelve que los trabajos consumados en la finca Zafra "exceden notablemente" la licencia concedida.

Expediente sancionador

El Ayuntamiento, en paralelo, había incoado un expediente sancionador contra la esposa del primer edil ante la posible comisión de una "infracción urbanística" en estas obras, según un anuncio de inicio de expediente sancionador recogido por Europa Press y que ya admitía que "se han realizado obras en el caserío, que van más allá de una simple rehabilitación o conservación", incluyendo "estructuras de reciente construcción que hacen suponer que se ha procedido a la demolición y nueva planta, actuaciones que exceden la licencia de fecha 1 de marzo de 2004".

Dados los hechos, la queja que los independientes de Morón elevan ahora a José Chamizo carga contra el decreto de Alcaldía emitido el 24 de abril para incoar este expediente sancionador, dado que el procedimiento debería ser iniciado también contra el propio alcalde como propietario de la parcela en cuestión junto a su esposa, solicitante de la licencia de obra. La queja advierte, además, de que el decreto parte del propio alcalde según habría reconocido el primer edil accidental, Alfonso Angulo (PP), toda vez que correspondía a Morilla "abstenerse" como esposo de Ana F.V.

La queja advierte además de un decreto de Alcaldía evacuado el 19 de febrero requiriendo a la esposa de Manuel Morilla la "legalización" de las obras en cuestión, porque la propia Dirección General de Inspección y Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía había resuelto en un informe que los trabajos del cortijo "no son legalizables" al constituir "un claro exceso de la licencia" concedida por el Consistorio. Igualmente, la queja alerta del decreto de Alcaldía que, el pasado 14 de septiembre, denegaba la personación de esta fuerza política en el expediente sancionador en cuestión pese a su condición de "denunciante" de estas actuaciones censuradas por la Fiscalía y el propio Ayuntamiento.