La Asociación de Hoteleros de la Playa de Palma ha presentado diez alegaciones al Plan de Reconversión Integral (PRI) de esta zona turística, mediante las cuales piden una mayor "flexibilización" en los ratios urbanísticos para poder hacer "viables" las inversiones que se puedan desarrollar en el marco de aplicación del Decreto de clasificación hotelera y, por tanto, en los proyectos de cambio de categoría.

Así, solicita la definición de nuevos ratios urbanísticos y turísticos que, induciendo a la mejora de la calidad e incremento de categoría de los establecimientos hoteleros, "no impliquen la pérdida de rentabilidad" y, por tanto, "se propicie la sostenibilidad económica tanto del destino, como de las empresas que lo conforman".

En este sentido, la Asociación de Hoteleros aboga por que sea el nuevo Decreto de clasificación hotelera presentado por la Conselleria de Turismo el que regule los parámetros turísticos de las infraestructuras hoteleras, tratándose de una norma basada en criterios europeos, que imprimen la mejora de calidad turística en base a los servicios.

Por otro lado, solicita la delimitación expresa de las áreas afectadas por el tanteo y retracto, tal como indica el artículo 12.3 y 14 de la Ley 8/2010, de 27 de julio, de medidas para la revalorización integral de la Playa de Palma. Concretamente, pide que se mencione en las normas urbanísticas del PRI y en sus memorias la exclusión expresa de los establecimientos turísticos, sean hoteles, hoteles apartamentos o apartamentos turísticos, de los efectos que pudiera implicar la declaración de área de rehabilitación integrada (ARI).

"Se trata, por tanto, de clarificar los efectos y consecuencias de una futura ARI respecto de los establecimientos turísticos", explica la Asociación de Hoteleros de Playa de Palma, que también reclama en otra de sus alegaciones que se elimine la disposición transitoria que obliga a que las obras en curso de ejecución deban adecuarse al PRI aprobado inicialmente, cuando dicho Plan podrá ser modificado de forma sustancial hasta su aprobación definitiva.

Por otro lado, pide que se facilite la mejora continúa de los establecimientos comerciales y de oferta lúdica de la zona, estableciendo parámetros de mejora similares a los establecidos para los hoteles.

Además, en aras de facilitar la mejora continua de la calidad en los establecimientos e infraestructuras turísticas de la zona, se alega y solicita la modificación del punto segundo del acuerdo del Consorcio urbanístico para la mejora y embellecimiento de la Playa de Palma de aprobación inicial del PRI o, en su defecto, que se añada una disposición transitoria, a los efectos de que en los establecimientos turísticos existentes se permitan las referidas obras sin la necesidad de adaptación de los mismos y hasta su aprobación definitiva, a la normativa derivada del PRI.

En cuanto a las unidades de actuación de la junta de compensación, la Asociación hotelera estima que el PRI viola el principio general del reparto equitativo de beneficios y cargas. Además, critica que falta la justificación de la reserva y aprovechamiento de cesión o en su caso exoneración, prevista en los artículos 6 y 7 de la referida Ley 4/2008, de 14 de mayo.

En relación al estudio económico y financiero, alega que el Estudio Económico y Financiero debe contener dos documentos distintos: el de sostenibilidad económica de las actuaciones de urbanización, y el estudio económico de las actuaciones que no sean de urbanización.

A su juicio, también faltaría la acreditación de los medios económicos del PRI para las expropiaciones de los establecimientos turísticos afectados ya sea por cambios de calificación urbanística, por estar calificados como de zona verde pública o por ser nuevas alineaciones.

En la misma línea, la Asociación Hoteleros de Playa de Palma solicita el desarrollo de detalle de los incentivos fiscales que se citan en el Plan y que no están contenidos en el Informe o memoria de sostenibilidad económica), con el fin de que "no sea todo una hipótesis sin contenido real alguno".

En otra de las alegaciones exige que se corrijan los errores existentes en la planimetría que, en su opinión, "llevan a situaciones inexplicables". Finalmente, pide que no se cumpla el principio de Gobernanza, al considerar que la intervención de las administraciones en aras a la eficacia y calidad turística es un fin público coordinado con los sectores privados que "no puede alcanzarse sin la colaboración y la inversión del sector turístico".