El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha celebrado que la Fiscalía haya decidido no pedir el procesamiento del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, por el caso de la variante de Lira alegando "falta de pruebas" y ha pedido que ahora se exima también de responsabilidad a los funcionarios de la institución provincial y que se archive la causa.

"Era un caso de libro donde todo está perfectamente justificado y avalado", ha señalado, tras mostrar su "satisfacción" porque la Fiscalía no vaya a proponer que Agustín Hernández se siente en el banquillo de los acusados para responder por los cargos de falsedad en documento oficial, estafa y fraude a la Administración autonómica.

Estos cargos pesaban contra él por una denuncia presentada por los socialistas gallegos, a raíz de que, durante su etapa como director de infraestructuras de la Diputación de Pontevedra certificó como concluida la obra de la variante de Lira, cuando estaba sin acabar.

"La diferencia entre el PP y el PSOE es que, cuando los socialistas no tienen el apoyo de la ciudadanía judicializan la vida política, y luego ocurren estas cosas", ha señalado Louzán al respecto de la decisión judicial. "Para el PSOE el fin justifica los medios con tal de emborronar la labor de una serie de funcionarios que cumpliendo su labor hicieron todo lo posible para que no se perdiese ni un solo euro", ha añadido.

Rafael Louzán, que declaró en su día como testigo ante el juez, ha demandado el mismo trato "para los funcionarios que están imputados en este procedimiento", es decir, los imputados Pablo Montero, técnico de contratación de la Diputación de Pontevedra, y el ingeniero de la Diputación, Baltasar Pujales. "Pedimos que se exima de toda responsabilidad también a los funcionarios que sólo cumplieron con su obligación", ha concluido.