La vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Francisca García, ha reprochado este viernes que la aplicación de la nueva Ley de Salud Sexual, Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo "está siendo tan desigual según en qué comunidades nos encontremos, que podemos decir que cada región tiene en la práctica su propia ley del aborto".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla tras participar en la ponencia de oficial apertura de 'IX Congreso de la Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la Contracepción (Fiapac)', Francisca García ha vuelto a exponer unas "diferencias" que llegan a ser "tan importantes", como por ejemplo las que existen "entre Madrid y Cataluña, frente a Andalucía y Asturias".

Así, ha denunciado que en Cataluña y Madrid las "demoras" para que una mujer pueda obtener un cita para practicarle un aborto puede ser "de hasta tres y cuatro semanas", un hecho que ha contrapuesto al de "otras comunidades como Andalucía o Asturias, cuyo tiempo máximo es de una semana".

También ha lamentado que en regiones como Cataluña o Cantabria, "las mujeres tienen que adelantar el pago de la intervención para la interrupción voluntaria del embarazo", mientras que en el resto de las comunidades "hay acuerdos de las Consejerías del ramo y los hospitales con las clínicas acreditadas". A partir de dichos acuerdos, ha proseguido, "podemos decir que la sanidad pública financia a modo general el 60 por ciento de todas las IVE".

De igual modo, ha aludido a las disparidades que también existen entre comunidades a razón de la información que se da para el aborto, "ya que tanto en Galicia como en Madrid, la información es muy cerrada". Así, se ha referido a los sobres informativos que se le das a las mujeres mientras si deciden si abortan o no en la comunidad de Madrid, "los cuáles incluyen una treintena de asociaciones provida —denominadas por ACAI asociaciones antielección—. En Galicia, ha agregado "está metida la red madre" en estos sobres.

Por ello ha vuelto a demandar, tal y como hizo este jueves durante este congreso, "que se elabore el reglamento de esta ley y se garantice no solo la igualdad en el acceso a las IVE, como lo dice la propia norma, sino que se regulen otras aspectos como la educación sexual, la formación de los profesionales en el tema del aborto y el acceso a la anticoncepción".