El máximo mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que la Asesoría Jurídica de la Xunta ha sido autorizada para interponer el anunciado recurso contra el decreto del carbón ante el Tribunal Supremo (TS), paso que dará este viernes tras el fracaso de las negociaciones "políticas e institucionales".

"Lo hicimos todo con respeto, solidaridad, verdad y coherencia, pero no queda más remedio que acudir a la Justicia", ha lamentado el presidente, quien ha insistido en que la aprobación de la norma estatal supondrá la pérdida de unos 3.500 empleos en la comunidad y el "posible cierre" de las centrales térmicas de Meirama y As Pontes. "Es un nuevo desafío al sentido común", ha denunciado.

Según ha concretado, el Gobierno gallego demandará la "suspensión cautelar" del decreto en base a "los perjuicios de imposible o difícil reparación" que supondría para el sector. Estas consecuencias se centran en los efectos para las centrales, así como en las empresas auxiliares, que verán limitada su actividad en la comunidad.

El informe que Economía e Industria trasladará al Supremo para avalar sus tesis analiza las repercusiones sobre la rentabilidad de las inversiones realizadas, las repercusiones sobre el empleo y la recaudación de impuestos para la Xunta y las administraciones locales, que podrían sufrir una caída anual de 10 millones de euros.

Del mismo modo, se harán constar los "perjuicios" que la aplicación de esta norma ocasionará en el mercado energético general y en los precios. De hecho, el decreto ha recibido informes "críticos" de la Comisión Nacional de Energía y de la Comisión Nacional de la Competencia.

Otro de los requisitos para que el TS acuerde la suspensión que pedirá la Xunta es que se constate la "inexistencia de perturbación grave para los intereses generales o para un tercero", algo que el Ejecutivo de Feijóo considera "un hecho". No en vano, interpreta que el interés general comprende el "correcto funcionamiento" del mercado eléctrico, junto a la garantía de suministro.

Finalmente, el Gobierno justificará también la petición de la suspensión cautelar al considerar la "nulidad" de la norma por omitir la necesidad de un nuevo dictamen del Consejo de Estado tras la decisión de la Comisión Europea (CE), por la oposición "rigurosa, sólida y vehemente" de los diferentes órganos consultivos que emitieron su parecer sobre el decreto; y por "infringir" la ley reguladora del sector eléctrico "en cuatro puntos".