Sentencia contra el canon
La primera comerciante que recurrió el canon digital, Ana María Méndez, posa con varios productos sujetos a dicho gravamen. Alberto Estevez / EFE

La propietaria de Padawan y la tienda de informática Traxtore de Barcelona, Ana María Méndez, que presentó el recurso contra el canon digital, ha celebrado este jueves que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) haya declarado ilegal un gravamenque considera "injusto, indiscriminado y abusivo".

Méndez, la dueña de Traxtore, cuya denominación empresarial es Padawan, ha expresado su satisfacción por este golpe contra el canon digital, que en su opinión "ha explotado por la avaricia" de las entidades que lo gestionaban, como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

La SGAE reclamó en 2004 a la comerciante 16.000 euros por el canon digital correspondiente a los dos años previos -cuando según Méndez todavía no estaban aplicadas las tarifas digitales- y, ante la negativa de la comerciante a pagar esa cuota, la llevó a juicio y consiguió que en 2006 un juzgado mercantil le diera la razón.

Recurso ante la Audiencia

No obstante, Ana María Méndez presentó un recurso ante la Audiencia de Barcelona -el primero de España que cuestionaba el canon-, que elevó el caso al Tribunal de la UE para conocer si el sistema de gravamen español era conforme a la directiva europea.

El canon es una forma de recaudación injusta e indiscriminada que se ha llevado por delante a muchos negocios

Para Méndez, el canon digital supone "una forma de recaudación injusta e indiscriminada" que, además, "se ha llevado por delante a muchos negocios" y ha provocado un alud de demandas ante los tribunales.

"El problema es que las entidades de gestión privada cobran por un DVD 200 veces más de los que cuesta fabricarlo", ha lamentado la comerciante, que ha criticado los "irregulares" cálculos de la SGAE para exigir el gravamen, ya que en su caso empezaron reclamándole 48.000 euros y, ante sus quejas, acabaron rebajando la tarifa a 16.000.

Méndez se ha mostrado esperanzada en que la sentencia del Tribunal de la UE sirva para que se tenga en cuenta a los usuarios al negociar la nueva orden ministerial para la aprobación de las tarifas digitales.