El máximo mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que la Asesoría Jurídica de la Xunta ha sido autorizada para interponer el anunciado recurso contra el decreto del carbón ante el Tribunal Supremo (TS), paso que dará este viernes tras el fracaso de las negociaciones "políticas e institucionales".

"Lo hicimos todo con respeto, solidaridad, verdad y coherencia, pero no queda más remedio que acudir a la Justicia", ha lamentado el presidente, quien ha insistido en que la aprobación de la norma estatal supondrá la pérdida de unos 3.500 empleos en la comunidad y el "posible cierre" de las centrales térmicas de Meirama y As Pontes. "Es un nuevo desafío al sentido común", ha denunciado.

Según ha concretado, tras el Consello de la Xunta, el Gobierno gallego demandará la "suspensión cautelar" del decreto en base a "los perjuicios de imposible o difícil reparación" que supondría para el sector. Estas consecuencias se centran en los efectos para las centrales, así como en las empresas auxiliares, que verán limitada su actividad en la comunidad.

El informe que Economía e Industria trasladará al Supremo para avalar sus tesis analiza las repercusiones sobre la rentabilidad de las inversiones realizadas, las repercusiones sobre el empleo y la recaudación de impuestos para la Xunta y las administraciones locales, que podrían sufrir una caída anual de 10 millones de euros.

Del mismo modo, se harán constar los "perjuicios" que la aplicación de esta norma ocasionará en el mercado energético general y en los precios. De hecho, el decreto ha recibido informes "críticos" de la Comisión Nacional de Energía y de la Comisión Nacional de la Competencia.

Otro de los requisitos para que el TS acuerde la suspensión que pedirá la Xunta es que se constate la "inexistencia de perturbación grave para los intereses generales o para un tercero", algo que el Ejecutivo de Feijóo considera "un hecho". No en vano, interpreta que el interés general comprende el "correcto funcionamiento" del mercado eléctrico, junto a la garantía de suministro.

Finalmente, el Gobierno justificará también la petición de la suspensión cautelar al considerar la "nulidad" de la norma por omitir la necesidad de un nuevo dictamen del Consejo de Estado tras la decisión de la Comisión Europea (CE), por la oposición "rigurosa, sólida y vehemente" de los diferentes órganos consultivos que emitieron su parecer sobre el decreto; y por "infringir" la ley reguladora del sector eléctrico "en cuatro puntos".

"deslealtad" del gobierno

En su intervención, Alberto Núñez Feijóo se ha reafirmado en que este recurso responde a la "inacción, desidia y falta de respeto institucional" del Gobierno central con Galicia. "Solicitamos ser recibidos por el Gobierno de España y no nos recibe", ha denunciado.

Con todo, ha mantenido que esta actitud del Ejecutivo estatal "perjudicial" para la comunidad "no coge por sorpresa" a Galicia, ya que cuenta con antecedentes como la falta de apoyo al Xacobeo, al sector naval o al lácteo.

Así las cosas, preguntado por el encuentro mantenido este jueves por el titular de Industria, Miguel Sebastián, y el líder del PSdeG, Manuel 'Pachi' Vázquez, ha manifestado que no constituye sino "un episodio más de la falta de respeto institucional".

"Es una muestra de que hay gobiernos que son leales con el Estado y otros que son desleales con los intereses de los gallegos", ha concluido el jefe del Ejecutivo gallego.